El envío de un proyecto para modificar la Ley 18.902, permitiendo que las multas cursadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios puedan ser distribuidas equitativamente entre el Fisco y los municipios correspondientes, es lo que pide al Ejecutivo la resolución 153, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.
El documento, ratificado por 135 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, señala en sus considerandos que, durante el año 2016, se cursaron 99 multas por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a lo largo de Chile.
Agrega que la empresa que más infracciones recibió fue Esval S.A (Valparaíso), seguida por la empresa Aguas Chañar (Atacama). Sin embargo, la que pago costos más elevados fue Aguas Andina S.A. En todos los casos, la constante fue el incumplimiento en la calidad del servicio.
Asimismo, añade que, entre los meses de enero a marzo de 2017, el total de multas cursadas ascendió a las 2.256 Unidades Tributarias Anuales, un 80% de estas correspondían a problemas con la calidad en el servicio.
Por ello, relata el texto, se requiere de herramientas que garanticen una fiscalización efectiva que permita verificar el cumplimiento de la norma y los procesos, para no hacer de la multa un simple pago reiterativo a beneficio fiscal, sin efectos concretos desde la perspectiva de dar solución a las problemáticas.
“Resulta necesario que las multas aplicadas a empresas sanitarias, infractoras de la ley, sean no solo a beneficio fiscal, sino también a beneficio municipal. La finalidad más clara de esto es que las comunas afectadas reciban una compensación concreta por las fallas o mal servicio prestado por parte de la empresa sanitaria”, argumentaron los solicitantes.
