Por Jorge Canals, socio del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía y exsubsecretario de Medio Ambiente.
Chile se aprestaba para ser entre el 2 y el 13 de este mes el epicentro de las negociaciones climáticas globales, en el año previo a la ejecución del Acuerdo de París. Lo hacía con optimismo, ya que, en la ronda climática de la ONU en septiembre, el secretario general había dado un espaldarazo al Presidente Piñera, al encargarle encabezar una coalición de mitigación que reunía 66 países, y 100 ciudades y empresas de gran tamaño, las que comprometían la carbono neutralidad al 2050.
Sin embargo, la Conferencia ha sido finalmente inaugurada en Madrid, separando la sede de la presidencia del evento (que, recordemos, dura para nuestro país hasta diciembre de 2020), debido a la profunda crisis social que afecta al país.
¿Tiene entonces sentido para Chile esta COP, y el ejercicio de su liderazgo hasta la próxima conferencia en Glasgow? Lo tiene. No obstante, estar ante una conferencia disminuida por el nivel de las delegaciones de los principales países emisores, el hecho de ejercer la presidencia permitirá a Chile aspectos positivos que la dotan de propósito.
Para empezar, posibilitará recomponer y ejercer un liderazgo regional seriamente dañados por actitudes como la negativa a suscribir el acuerdo de Escazú, el primero ambientalmente vinculante para la región al que Chile representaba como país sede, y que trataba de principios de justicia ambiental (participación ciudadana, acceso a la justicia y a la información).
Asimismo, la presidencia servirá a Chile para intentar consolidar un bloque de alta ambición en la zona, de acuerdo a las exigencias de los informes del IPCC (panel experto de científicos) tendientes a la carbono neutralidad, mediante una transición justa de nuestros países, desde una “economía gris” a una “economía verde”. Si Chile lo logra, ya estará justificado el ejercicio del mando de la COP.
Segundo, porque esta transición hacia una economía carbono neutral, y resiliente al clima, se entronca con la recuperación económica que el Gobierno deberá liderar, vistas las cifras y las expectativas de los mercados. La Contribución Nacionalmente Determinada supone para Chile reducir aproximadamente 56 millones de toneladas de C02 al 2030, a través de las inversiones suficientes para soportar el retiro de las centrales a carbón al 2040 (la expansión del parque de generación de energía renovable, el reforzamiento de la capacidad de transmisión), la electrificación de los sectores industriales y el transporte público y una hoja de ruta de economía circular, entre otras.
Estas medidas, que además impactan en la recuperación de las confianzas, junto a las oportunidades que genera una economía global baja en emisiones (el uso del cobre en la energía renovable y la electromovilidad, por ejemplo), permiten adelantar que los beneficios de una mitigación ambiciosa superan con creces a sus costos.
Y, finalmente, porque la presidencia de la COP va a implicar alinear, si se quiere ejercer en serio, los objetivos económicos, sociales y económicos del país, que es lo que se demanda en las movilizaciones. Esto implica hablar también en serio de desarrollo sostenible junto con una robusta agenda ambiental. La ley de delitos contra el medioambiente, con penas efectivas y multas cuantiosas para las empresas que lo dañan significativamente, la ley de protección de glaciares, el impuesto verde y el desincentivo al uso de combustibles fósiles, entre otras medidas, impulsadas decididamente por el Gobierno, apuntarán a un Chile cercano al que se imagina para un nuevo pacto social.
(Fuente: Qué Pasa).
