El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro Contador, producto de la polémica adjudicación de un millonario contrato licitado en la División Salvador. Radicado en el 7° Tribunal de Garantía de Santiago, el caso apunta a la responsabilidad de Pizarro en el financiamiento de una casa a nombre de su hijo, Nelson Pizarro Contreras, en la comuna de Colina, a cambio del mencionado acuerdo comercial.
De acuerdo a lo informado en el escrito, dicha operación se cerró un mes antes de que Pizarro asumiera en Codelco. En ella, la contraparte era José Miguel Julián, exsocio de su hijo y dueño del inmueble a través de la Sociedad San José.
Aunque la propiedad fue adquirida por Pizarro Contreras y su esposa, los fondos fueron proporcionados por el ex presidente ejecutivo de Codelco. No obstante, el CDE destaca que la propiedad tenía un avalúo fiscal de $548 millones, casi 8 veces lo pagado originalmente por los compradores ($75 millones), lo que daría cuenta del significado oculto tras el acto jurídico por medio del cual se transfirió la propiedad. Esto «de acuerdo a este querellante, puede ser interpretado como una dádiva encubierta e ilícita por parte de un particular a un funcionario público en beneficio de un tercero, su hijo (…). Dado el poder del Presidente de la empresa estatal, no es para nada inconcebible presumir que este influyó sobre el o los funcionarios a cargo de la adjudicación para, de esta forma, obtener una ventaja indebida en favor de su hijo», indica la acción del CDE.
De forma paralela, y basado en los antecedentes entregados en la querella original por parte de Codelco, el CDE apunta a que un día antes de la venta de la propiedad «en el irrisorio precio señalado», el gerente general de División Salvador asignó un contrato de manera directa a Indak (ligada a José Miguel Julián), ante la necesidad urgente por el aluvión ocurrido en la zona. No obstante, Codelco apunta a que se trató de una solicitud efectuada por Pizarro, en un negocio de más de $1.800 millones.
A lo anterior, se sumaría un nuevo contrato adjudicado a la empresa continuadora de Indak, valorado en unos $22 mil millones, pese a que la firma había sido marginada en un comienzo por su inexperiencia en los servicios por los que concursaba.»La única explicación plausible de que Pizarro Contador haya solicitado que se contratara a una empresa inepta y carente de experiencia en el rubro es la concesión de un beneficio indebido para sí o para un tercero. El beneficio, como sabemos, consistió en la venta de la casa a un precio vil por parte del sobornante al hijo del cohechado, en una forma encubierta de entrega del mismo», señala el Consejo.
En el escrito, los hechos apuntan al supuesto ilícito que realizó Pizarro mientras se desempeñaba como funcionario público, al ser el máximo líder de la empresa estatal. Asimismo, se fundan en la querella que ya había presentado la propia corporación, lo que a su vez genera un extraño fenómeno, porque en paralelo, ambas instituciones -el CDE y Codelco- mantienen una disputa en los tribunales civiles, en la que el organismo estatal lleva adelante la defensa de la Contraloría.
Diligencias
Para calificar los supuestos delitos en los que habría incurrido Pizarro, el organismo apunta a que la normativa sanciona al empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, siendo en este caso la infracción el «ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado».
Cabe señalar que la querella también se dirige a José Miguel Julián, a quien se le configura el delito de soborno, por el beneficio económico entregado al hijo de Nelson Pizarro, a través de la venta del inmueble en un valor varias veces inferior al avalúo fiscal. En esta línea, el CDE pide una serie de diligencias, entre las que se encuentra que la Policía de Investigaciones (PDI) se haga cargo de indagar sobre la responsabilidad de los querellados, que realice un informe para determinar el perjuicio económico para Codelco y los hechos relacionados a las licitaciones.
También se pide el alza del secreto bancario de los involucrados y se cita a declarar a Pizarro hijo y su esposa. Dos contratos son cuestionados por el CDE, los que habrían favorecido al exsocio del hijo de Pizarro.
(Fuente: El Mercurio).
(Foto: Aton).
