Hoy 28 de mayo, se cumplió un año desde que la Corte Suprema -en un fallo calificado como histórico porque reconoció la existencia de distintas vulneraciones de derechos de los habitantes de esas localidades- ordenó al Estado de Chile la implementación de 15 medidas para resolver la grave crisis de contaminación que por años afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví, y determinar la fuente y responsables de la crisis de contaminación ocurrida en agosto de año 2018, situación por la cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de protección, el que fue acogido y fallado favorablemente por el máximo tribunal del país.
A doce meses de dicha sentencia, el INDH concurrió hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el propósito de pedir cuenta al Poder Judicial, respecto del cumplimiento de la sentencia mencionada, ya que este 28 de mayo vencía el plazo para que el Estado de Chile indicara quién o quiénes fueron los responsables de la contaminación que afectó a vastas zonas de las comunas de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018.
El director del INDH, Sergio Micco, subrayó que «todavía no sabemos qué efectos podrían provocar sobre la salud de quienes viven en estas comunas los compuestos químicos presentes en la zona, así como tampoco conocemos con claridad los elementos eventualmente tóxicos presentes en el aire, agua y suelo. La Corte Suprema ordenó investigar y determinar dichos efectos. El resultado sigue pendiente».
A su juicio, «la crisis sanitaria por el coronavirus que enfrentamos hoy hace más urgente tener un conocimiento detallado sobre las causas de la contaminación en Quintero y Puchuncaví, justamente porque la enfermedad ataca al sistema respiratorio que en el caso de los vecinos de estas comunas han estado expuestos a altos índices de contaminación».
Por su parte, Fernando Martínez, jefe regional del INDH en Valparaíso, explicó que se presentó un «escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para pedir cuenta sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, del 28 de mayo del año pasado, que acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por la contaminación existente en la bahía de Quintero-Puchuncaví. Hoy se cumple un año y en opinión del INDH los vecinos siguen expuestos a altos índices de contaminación, lo que se agudiza por la pandemia que existe actualmente, razón por la cual queremos saber cuáles son los avances que han existido».
«Concretamente, al día de hoy, un año, había una medida de las 15 que decretó la Corte Suprema, que debería estar cumpliéndose e informándose a la Corte, que tiene que ver con la identificación y la cuantificación de cuáles son los elementos contaminantes que durante el año 2018, causaron más de 1.700 personas intoxicadas; identificando las empresas que los emitieron y por lo tanto esperamos que se hayan tomado las medidas del caso», expresó el jefe regional del INDH.
Conversatorio
A primera hora de este jueves, Sergio Micco sostuvo una conversación telemática con la organización de Mujeres en Zona de Sacrificio, que encabeza Katta Alonso, donde se abordó precisamente el grado de avance de las 15 medidas que ordenó la Corte Suprema y se estableció una coordinación para actuar juntos frente a la crisis ambiental.
Esta tarde, en un webinar organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a partir de las 19:00 horas, la abogada del INDH, Natalia Labbé junto a Katta Alonso de Mujeres en Zona de Sacrificio; Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram; y Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental, analizarán los alcances del fallo de la Corte Suprema y el avance en el cumplimiento de las medidas ordenadas.
