Esta semana se dio a conocer un informe de que la Corte Suprema remitió a Fiscalía a pedido de la persecutora Ximena Chong, quien investiga la posible corrupción en el organismo
Conocer el contenido del escrito remitido por la Corte Suprema al Ministerio Público, dando cuenta de los largos plazos que se daba el Tribunal Constitucional para resolver, especialmente en las causas de violaciones a los derechos humanos, generó cuestionamientos en el mundo político.
Uno de los parlamentarios que expresó su inquietud fue el senador Alfonso De Urresti (PS), presidente de la Comisión de Constitución, quien expresó que esto “confirma los que como bancada socialista veníamos diciendo desde 2018: que el TC era utilizado como maniobra dilatoria de los procesos en curso, buscando ganar tiempo para que los autores de tales crímenes siguieran eludiendo la justicia”.
Además, De Urresti recordó que los senadores del PS “presentamos un proyecto de acuerdo, en mayo de 2018, en que le hacíamos ver al Presidente Piñera y al propio presidente de ese tribunal, que esa instancia no estaba habilitada para crear normas o legislar. Lo anterior, debido a que bajo la presidencia de Iván Aróstica, se produjo una extralimitación en sus atribuciones, invadiendo el ámbito del Congreso Nacional, así como de los órganos del Estado llamados a crear legislación”.
El parlamentario indicó que “ese acuerdo puso como ejemplos el fallo sobre la despenalización del embarazo en tres causales; la sobre calificación como leyes orgánico constitucionales, de normas que el Senado, la Cámara de Diputados y el Presidente de la República habían calificado con otro rango. Y, por cierto, la paralización en la investigación y proceso de las causas de violaciones a los DDHH, acogiendo a trámite y suspendiendo las investigaciones en los procesos criminales, mientras no se resolvía el recurso constitucional”.
De Urresti fue enfático al señalar que “sí ya las declaraciones de la presidenta del TC nos habían puesto en alerta, por la denuncia de posibles irregularidades en torno a esta excesiva demora, el reciente informe que la Corte Suprema entregó a la Fiscalía señalando un promedio de 251 días de “paralización” de las causas, llegando al extremo de sobrepasar los 600 días, solo vienen a confirmar nuestros peores temores. Y, claramente, no se puede normalizar esta situación”.
Por último, el parlamentario aseveró que “hay mucho por corregir y por debatir en lo relacionado con el rol que le puede caber al TC en el futuro democrático, sustentado en una nueva Constitución. Esa es una discusión que hay que dar y que vamos a impulsar, porque no se puede aceptar que ese tribunal sea un engranaje más de la impunidad, que algunos defensores de lo indefendible insisten en construir en torno a las graves violaciones de los DDHH y que además de ensuciar nuestra historia y dañar nuestra memoria, dificultan el pacto social que supere el modelo político-económico impuesto en la actual Constitución”.
