En un jornada gris para el Gobierno, después de que en la Cámara de Diputados se aprobara el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, la instancia parlamentaria también rechazó por amplia mayoría el veto que había ingresado el gobierno por el corte de suministros básicos (109 en contra y 31 a favor).
Con lo anterior, la iniciativa queda lista para su promulgación. En la instancia se aprobó la insistencia en el texto despachado por el Congreso, que debe ser ratificada por el Senado, donde necesitaría 2/3 de los votos.
La principal modificación que buscaba el Gobierno con el veto ingresado al Congreso, tiene relación con la industria de telecomunicaciones, pues elimina los beneficios para esos clientes.
En el proyecto se aprobó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este consideraba duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, buscaba aumentar el espectro al 60% de la población más vulnerable.
Otra de las modificaciones es en la industria sanitaria. En el proyecto aprobado no se definió límite de m3 de agua potable. Sin embargo, el Ejecutivo propone que se propone restablecer el límite de 15 m3. Por último, se elimina el artículo 8 que impedía llevar los costos a tarifas.
El proyecto de ley establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.
Los clientes que dejen de pagar sus cuentas de luz, gas de red y agua; luego esos costos los deberá asumir en los saldos de los siguientes 12 meses, sin multas ni mora.A diferencia del mercado eléctrico y sanitario, la industria de telefonía es competitiva, por lo que el no pago de las cuentas era inviable.
Por lo anterior, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este considera duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.
