Por Rodrigo González Torres
Diputado PPD
La Reforma Constitucional del 10% consagró el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus pensiones. Lo que era una acumulada demanda, latente y expresada en mil formas, acompañada de un sentimiento mezclado de impotencia, indignación y esperanza, se convirtió, en el marco de la pandemia, en una movilización social sui generis que recorrio los hogares y rincones más alejados del territorio, de familias pertenecientes a todos los sectores sociales, y especialmente de clases medias, que sentían en carne propia que el gobierno no los estaba ayudando a sobrellevar la mayor catástrofe de que tenemos recuerdo.
En medio del sufrimiento, del flagelo de la enfermedad, del peligro de salir a la calle, de la necesidad de trabajo y alimento, amenazados por hambre, temor e incertidumbre, ante el riesgo de contagio y la muerte de hijos, familiares y amigos, sin la ayuda mínima para enfrentar endeudamiento, cuentas de servicios, desplome de emprendimientos y últimos ahorros, sin ingresos para necesidades acuciantes, se hizo más visible que nunca para los chilenos la magnitud de la injusticia de nuestro sistema de pensiones, una conciencia aguda sobre la desigualdad y el incumplimiento de todas las promesas. Ello había permitido al sistema financiero acumular una incalculable riqueza durante 40 años a través de las AFP, había obligado a los afiliados a pagar abusivas comisiones y no les permitiría recibir pensiones decentes. Más aún, les impedía disponer y decidir ni siquiera sobre un mínimo de sus propios recursos, tan engañosamente publicitados.
Por ello, la ciudadanía exigió un derecho y sintió la votación en el Congreso como una conquista, una recuperación de lo debido, largamente esperado y reclamado a lo largo de años, hecho patente como demanda principal del estallido social, suspendido por el estado de emergencia, y revivido con más fuerza por la incapacidad, tardía y precaria respuesta del gobierno a la crisis sanitaria y a las necesidades básicas derivadas de la pandemia.
Así, los ciudadanos ejercieron su soberanía, demostrando pacíficamente tener capacidad para darse una solución efectiva y universal con recursos propios, institucional y técnicamente factible más allá de la opinión de expertos y letrados agoreros, ágil en la implementación y eficaz tanto para la pandemia como para la reactivación económica.
La movilización social que dio impulso, sustentó y se expresó en la reforma constitucional, permanece latente y plantea a corto plazo la necesidad de una solución a las pensiones miserables de más del 50% de los chilenos, de los actuales pensionados y de los sectores no incluidos en el retiro del 10%. Ello exige, desde luego, incluir en el proyecto una mejora que no alcanzó el quorum suficiente: el Fondo colectivo solidario con aportes del Estado y empleadores, cuyo objetivo será financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de las pensiones al momento de la jubilación del afiliado, permitiendo que el retiro no afecte el derecho a la seguridad social establecido en la Constitución. Ello debe ir acompañado con la apertura del debate sobre el nuevo siste- ma de seguridad social, cuyo desenlace deberá canalizarse en el proceso constituyente.
En suma, la Reforma Constitucional marca un “antes” y un “después”. La ciudadanía ha dado un paso irreversible de conciencia y exigencia en relación con el sistema de seguridad social. El próximo paso es el mejoramiento universal y generalizado de las pensiones que merecen los chilenos, para lo cual existen los recursos disponibles, y la definición del organismo público autónomo que administrará el pilar solidario.
El Gobierno no ha calibrado el significado de lo ocurrido, ha querido hacer pasar este relevante proceso como un hecho aislado, desdibujando la promulgación de la Reforma, intentando desplegar acciones para recuperar la agenda y con cantos de sirena sobre la reforma previsional paralizada en el Senado.
La oposición por su parte debe evaluar la necesidad y la forma de dar continuidad y salida al proceso gatillado por la gestión fallida de la pandemia y de la ayuda social a los sectores vulnerables y clases medias, y responder a la señal inequívoca de soberanía y dignidad que dio la ciudadanía.
Es entonces una obligación ineludible continuar fortaleciendo el movimiento ciudadano y contribuir a la superación de la crisis sanitaria , económica y social , evitando que la falta de respuesta al momento de la reactivación y desconfin miento sea una reacción de indignación, de anomia y de violencia. Ello podría impedir o dificultar que los chilenos decidan libremente, con elevada participación , en forma pacífica, institucional y democrática sobre su destino en el plebiscito constituyente que debe tener lugar en los próximos noventa días.
(Foto: Biblioteca del Congreso Nacional)
