Tras un martes marcado por las polémicas imágenes que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación en las que es posible observar a varios camioneros disfrutando de una fiesta a orillas de una de las carreteras en las que se encuentran estacionadas las máquinas de transporte de carga, las negociaciones entre tal gremio y el Ejecutivo siguieron sin rendir frutos. Además, la oposición puso más ingredientes al conflicto al dar un ultimátum al Gobierno para que resuelva este asunto en un lapso de 24 horas o el ministro del Interior, Víctor Pérez, arriesgaría un proceso de acusación constitucional en el Congreso.
Durante la mañana, los sucesos ocurridos la noche del lunes fueron condenados por el Ejecutivo que anunció que se está reuniendo la información necesaria para la interposición de querellas. “Con esos antecedentes presentaremos la querella criminal por el artículo 318 del Código Penal. Desde el inicio de la pandemia hemos dicho que las personas que incumplían las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, no solo ponían en riesgo su propia salud, si no sobretodo la de los demás y, en este caso, sin ninguna empatía por lo que está viviendo la ciudadanía que ha estado durante meses, con mucho esfuerzo, tomando medidas extremas para cuidar no solo su salud sino la de toda la población”.
José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, criticó el actuar de los camioneros presentes en el lugar y aseguró que el gremio en general no suele actuar de esa manera y, por lo tanto, se aplicarán sanciones contra quienes participaron de tal acción.“Si es que existió ese video pertenece a otra organización y la hemos llamado para que haga las averiguaciones, porque nosotros no vamos a aguantar que se sucedan estos hechos dentro de nuestra organización. Los camioneros, los conductores no somos así. Así es que si ellos hicieron eso, deben estar fuera del gremio. Así de fácil: van a estar fuera del gremio”, aseguró el dirigente.
Consultado por distintos medios, el presidente de la Confederación, Sergio Pérez, no se refirió directamente al asunto y pidió centrarse en el petitorio de los camioneros y en las negociaciones con el Gobierno. Además, en entrevista radial aseguró que la mayor parte de la ciudadanía apoya esta movilización. Agregó que no se puede responsabilizar a los camioneros movilizados por las que calificó como “externalidades negativas” a consecuencia de la paralización.
“Necesitamos salir a trabajar porque ¿qué va a pasar después? Nos van a decir que los prepotentes camioneros hoy nos tienen sin bencina, sin abarrotes, o sea que nosotros no estamos haciendo el abastecimiento. ¿Por qué? Porque nos tienen obligados a estar estacionados aquí en las bermas, entonces ¿de quién es la culpa si faltan todas esas cosas? Del Gobierno pues”.
En este contexto, la DC y PPD se unieron y anunciaron una nueva acusación constitucional. El manejo del conflicto con los camioneros por parte del Gobierno ha sido objeto de duras críticas por parte de las distintas ramas de la oposición.
Es así que esta mañana, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana adelantó que, de no resolverse la situación con el gremio de transporte de carga en un lapso de 24 horas, concretarían la presentación de una acusación constitucional contra Víctor Pérez por la no aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado ante al bloqueo de carreteras y la amenaza de desabastecimiento en medio de la crisis sanitaria.
Según detalló el diputado Gabriel Silber, en un punto de prensa en el Congreso, los parlamentarios Gabriel Ascensio y Matías Walker estarían encargados de llevar adelante los estudios para concretar esta acusación.
Walker aseguró que el plazo señalado es para que el Gobierno llegue a una solución del conflicto o bien se aplique la normativa correspondiente.“El Gobierno tiene 24 horas para poder llegar a este acuerdo, de lo contrario, exigimos que cumpla con su obligación de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ya lo dijo el Fiscal Nacional, se ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia que hizo el diputado Gabriel Ascencio pero el único que puede invocar esta normativa es el Ministro del Interior y le exigimos que ejerza esa facultad”, señaló.
En tanto, desde el PPD, el diputado Raúl Soto, en conversación con nuestro medio manifestó que su partido apoyará una eventual acusación constitucional en contra del titular de Interior. “Es preocupante que el Gobierno aplique la ley tan discrecionalmente dependiendo de a quien se aplica, de la sintonía política que tenga el Gobierno con quienes debe aplicarla y en ese sentido creemos que ha habido una acción negligente, una mano blanda, una acción permisiva. Creemos que el Gobierno debió mostrarse más proactivo pues en un Estado de Derecho no se puede permitir que un grupo de personas, cualquiera esta sea, ponga en jaque derechos tan importantes como el libre tránsito, el abastecimiento de alimentos y remedios, más aún cuando estamos en una situación de estado de excepción constitucional debido a la crisis sanitaria. Además, el ir amenazando al Congreso con una agenda de demandas que van en sintonía con la agenda legislativa del Gobierno es francamente impresentable, por lo tanto, hemos pedido mano dura con esta situación para que se termine y, de ser necesario, se aplique la ley de seguridad interior del Estado y esperamos que el Gobierno actúe en consecuencia”, indicó.
“En definitiva hay que hacer ver al Gobierno su actuar negligente y que se asuma la responsabilidad que corresponda”, concluyó el legislador. Durante la tarde, la Fedesur aseguró que las negociaciones con el Gobierno habían avanzado y que era muy probable que la movilización estuviera cerca a finalizar.
Según José Villagrán, él mismo recibió una llamada telefónica del ministro Pérez en la que se habría comprometido a responder sus solicitudes.“Le he enviado lo que realmente necesitamos, él se ha comprometido a contestarnos. Lo importante es que ahora el ministro directamente está viendo esto, no los asesores como lo veían antes”, dijo el dirigente.
Hasta el cierre de esta nota, no se había entregado información oficial sobre una solución al conflicto ni declaraciones del ministro del Interior sobre el estado de las negociaciones con el gremio que mantiene “estranguladas” las carreteras y que ya afecta el abastecimiento de varias zonas del país.
(Fuente: Radio y Diario Universidad de Chile).
