Durante esta jornada la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, criticó el eventual acuerdo logrado entre dueños de camiones y camioneros con el Gobierno, y destacó que esperaba ver la misma voluntad política para resolver las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, durante el denominado estallido social.
«El eventual compromiso de reparación a camioneros es absolutamente desmedido y cuestionable». Con estas palabras, la parlamentaria calificó parte del eventual acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los camioneros, y que puso fin a las movilizaciones de los últimos días. En esa línea añadió que “creemos que, de concretarse este acuerdo, ofrecer y pagar dineros a razón de reparaciones a empresarios del rubro del transporte por eventuales actos terroristas es una señal equívoca, y hasta vergonzosa, frente a la igualdad ante la ley que debe primar en nuestro país”.
La senadora ahondó, indicando que «con esta señal el Gobierno de Piñera primero, pretende establecer por ley que el conflicto que se vive en el sur del país es de naturaleza terrorista, situación que no se puede determinar de manera generalizada, y en segundo lugar, pretende -también por decisión de la autoridad- otorgar beneficios económicos directos que incorporan conceptos propios de las reparación o indemnización de perjuicios, como el lucro cesante a camioneros o empresarios del rubro por hechos de naturaleza delictual, de los que deben hacerse responsables aquellos que los cometen, y no el Estado de Chile”.
La parlamentaria socialista además agregó que «nos gustaría ver esta misma voluntad política del Gobierno frente a las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas durante el denominado estallido social, en el que compatriotas no han perdido un bien material, pero han sido mutilados por la acción de agentes del Estado. Esta es la labor que se espera de un Estado de derecho como el nuestro, y no beneficiar a un grupo de empresarios que cuentan con herramientas para lograr ser resarcidos si sufren perjuicios”.
Allende sostuvo que “creemos que el Gobierno debe fortalecer la acción en la zona en materia de orden público, pues hoy cuenta con las herramientas adecuadas y suficientes para dar certeza y seguridad a las familias, los conductores y transportistas que viven inmersos en esta realidad, y tiene la obligación de hacerlo, más allá de las reivindicaciones de uno u otro sector”.
Por último, la legisladora señaló “como parlamentaria estoy disponible para apoyar las justas reivindicaciones de los camioneros, y así hacer su labor tan segura como la de cualquier trabajador chileno, pero no estoy dispuesta a favorecer con recursos públicos a empresarios o a generalizar situaciones delictuales, como actos terroristas, porque lo que se vive en la Araucanía y en sur chileno es mucho más complejo, y no se terminará con leyes más punitivas, sino con diálogo y voluntad política”.
