A poco más de un mes que se cumpla un año del llamado “estallido social” del 18 de octubre de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) se encuentra formulando cargos a siete generales activos del Alto Mando de Carabineros, por su eventual responsabilidad administrativa.
La lista de los altos oficiales que están en la mira del ente contralor la encabeza el general inspector, Ricardo Yáñez Reveco, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad, además, es el 3º en el Alto Mando y favorito, según algunos, para reemplazar a Mario Rozas en la dirección general.
En la lista siguen los investigados los generales inspectores, Jorge Valenzuela Hernández, actual Director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales y Mauricio Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Zona Metropolitana.
En tanto, los generales de dos estrellas, Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística, cierran la lista de los investigados por el organismo contralor.
Mirada administrativa
Según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la decisión del organismo fiscalizador se enmarca en un sumario administrativo -que hasta ahora es secreto- dirigido por la Fiscalía Institucional de la Contraloría y que se inició luego de recibir la denuncia anónima de particulares y organizaciones de derechos humanos extranjeras que pidieron determinar hasta dónde llega la responsabilidad del mando.
Por este motivo, la entidad de control, tras analizar la actuación de los uniformados en el país, en el marco del llamado “estallido social”, estimó que los uniformados no habrían garantizado el cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza” contenidos en los manuales internos que operaban a esa fecha. Estos últimos, en todo caso, fueron modificados en febrero de 2020 y cuestionados por las FF.AA. y de Orden y Seguridad.
En la actualidad el sumario se encuentra en la etapa de formulación de cargos lo que permite a los “imputados administrativos” responder a estos. Le sigue la llamada “vista fiscal”, donde la Contraloría evalúa las respuestas y propone sanciones al jefe superior de servicio, en este caso, el general director Mario Rozas, las que deberán ser confirmadas o desestimadas por el Presidente Sebastián Piñera.
Las sanciones van desde una amonestación a la hoja de vida o hasta darlo de baja de la institución.
Fuentes que conocen el proceso administrativo, explicaron que la Contraloría en las últimas semanas citó por separado a los siete generales a declarar. Interrogatorio que contó con un set de preguntas donde se buscaba identificar el grado de conocimiento que tenían los generales en las operaciones policiales desarrolladas desde el 18 de octubre de 2019.
La indagatoria administrativa que es paralela a la investigación que lleva el Ministerio Público contra funcionarios de Carabineros, hoy en su mayoría dados de baja, por delitos relacionados a violaciones a los derechos humanos. Incluso en esas causas el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado, a mayo de 2020, 2.164 querellas. Entre esas indagatorias está lo ocurrido con Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.
«Estratégico no operativo»
Los pasos de la entidad que dirige Jorge Bermúdez sobre Carabineros han causado un verdadero remezón interno en la institución uniformada y también en el Palacio de La Moneda. Ambos lugares coinciden en que no tenían registro de una indagatoria de este tenor, e incluso utilizan el adjetivo calificativo de “desconcertados”.
De hecho, fuentes policiales explicaron que, para los efectos penales, civiles y administrativos, “un general no tiene responsabilidad de mando ya que cumplen un rol estratégico y no operativo”. Al respecto, ejemplificaron que para un general que tiene 14 mil uniformados bajo su mando es imposible que pueda saber cómo se desarrollan todos los operativos que ocurren por minuto.
Lo cierto es que Carabineros se enteró de la indagatoria luego que la Fiscalía institucional -unidad altamente reservada y compartimentada en sus indagatorias- citó paulatinamente a los generales a las oficinas. Eso sí, la primera alerta fue que desde antes del inicio de la pandemia del Covid-19 comenzaron a recibir solicitudes de información de la CGR.
El procedimiento es similar al sistema de investigación de los antiguos tribunales del crimen. Es decir, un sistema coercitivo donde el organismo es juez y parte. No como ocurre hoy donde los derechos de los imputados en una indagatoria penal ante el Ministerio Público, donde un imputado o testigo puede ir con su abogado al interrogatorio.
Pese a lo anterior, fuentes señalaron que hubo discriminación. Dicen que algunos generales pudieron tener a sus asesores legales de forma presencial durante el interrogatorio, mientras que otros no.
Si bien la policía uniformada no se ha referido públicamente al tema, es un secreto a voces que el general director Mario Rozas asumió que la defensa de los altos oficiales se hará de forma institucional, más allá de lo que pueda decir el Palacio de La Moneda. Incluso ha trascendido que desde hace algunas semanas se ha analizado el tema con abogados y no se descarta que hoy viernes 11 de septiembre continúen las reuniones.
Ministerio Público
Como sea, la formulación de cargos que termine realizando la CGR será para el Ministerio Público una herramienta procesal muy útil para las investigaciones por el actuar de oficiales o suboficiales involucrados en el uso de armamento que terminaron en lesiones físicas a manifestantes. Dicho de otra forma, si la Contraloría estableció responsabilidades administrativas, bien pueden ser usados como un sustento en materia penal.
Es más, uno de los análisis que existe es que bajo esa línea la fiscal Ximena Chong podría volver a citar al general director de Carabineros, Mario Rozas, para aclarar ciertos aspectos que a la persecutora le generan dudas sobre la orgánica de funcionamiento de la policía desde el 18 de octubre.
(Fuente: Biobío Chile).
