Cargos por infringir el estatuto del Ministerio Público, enfrentan desde la semana pasada el fiscal Patricio Rosas y el asesor, Roberto Contreras, quienes fueron descubiertos burlando la cuarentena junto al secretario del Senado Raúl Guzmán, el 25 de junio de 2020 en un restaurante de San Miguel.
La decisión fue adoptada por Christian Toledo -en su calidad de fiscal administrativo-, luego de acreditar en la indagatoria la responsabilidad disciplinaria de Rosas y Contreras a través de las cámaras de seguridad cercanas al local, como también de los registros internos del edificio que aloja a la Fiscalía Regional Sur, donde ambos se desempeñan.
Básicamente, las imputaciones estatutarias apuntan a que los aludidos incumplieron las normas del reglamento interno que establece que los funcionarios de la entidad, “deben observar estrictamente el principio de probidad” y obedecer las órdenes emanadas desde la superioridad.
Tanto Rosas, como Contreras -quienes se encuentran suspendidos de sus funciones-, enfrentan paralelamente una investigación penal por violar el artículo 318 del Código Penal que se aplica al que infringe las normas sanitarias en tiempos de pandemia, indagatoria a cargo de la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena. En esta última también está incluido Guzmán.
Asimismo, los tres también fueron sancionados por la Seremi de Salud por este mismo hecho, con una suma de 2 millones 500 mil pesos.
Sanciones posibles
El almuerzo se desarrolló el 25 de junio a eso de las 13:30 horas y fue revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 7 de julio pasado a través de un registro fotográfico. En él aparecían sentados a la mesa del restorán Loyola, cuando la Región Metropolitana reportaba más de 236 mil infectados y 5 mil 190 fallecidos.
Tanto la indagatoria penal como administrativa establecieron que Guzmán, Rosas y Contreras, permanecieron 1 hora y 45 minutos en el lugar, que en primera instancia permitió desechar la versión que el propio secretario del Senado entregó a este medio cuando fue consultado sobre la situación: “Cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial”, indicó.
Frente a los senadores, en tanto, Guzmán explicó que su presencia se debió a que buscaba textos de Derecho Constitucional, hecho que no se condice con las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que al abandonar el local ninguno de los comensales portaba elemento alguno.
Si Guzmán no contaba con autorización alguna para desplazarse por Santiago para almorzar en otra comuna, Contreras y Rosas tampoco.
De acuerdo a la carpeta de investigación que lleva la fiscal penquista Marcela Cartagena, Rosas tenía un permiso colectivo para trabajo presencial, mientras que Contreras para hacerlo desde casa.
De hecho, tal como lo reveló este medio la semana pasada, tanto el primero como el segundo llegaron a su trabajo en automóvil y se retiraron -después de almorzar mariscos, la especialidad del restaurante “Loyola”- pasadas las siete de la tarde.
Actualmente, y pese a la formulación de cargos, la indagatoria administrativa se mantiene paralizada, luego de sendas presentaciones de los involucrados.
Distintas fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, estiman que las sanción que podrían enfrentar apuntaría a una multa descontable del salario, anotación en la hoja de vida y verse imposibilitados de recibir el bono anual por las metas cumplidas.
Quien deberá adoptar la decisión será el fiscal regional sur Héctor Barros como superior jerárquico.
(Fuente: BiobioChile).
