Esta tarde la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió a la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. En esa línea indicó que “la ministra Donoso no puede ser acusada de notable abandono de deberes por no aplicar la ley, pues precisamente lo que ha quedado demostrado en esta acusación es que aplicó las normas vigentes en ese momento, que sólo la obligaban a constatar la concurrencia de requisitos objetivos para conceder la libertad condicional”.
La parlamentaria añadió que “es bueno aclarar que este beneficio que permitió la liberación de este homicida, en ese momento era considerado un derecho que debía respetarse, y así lo respaldaban los fallos unánimes de la Corte Suprema. El decreto Ley 321 vigente en el año 2016 no establecía la obligación de considerar como vinculante el informe sicosocial a la hora de decidir la libertad, cuestión que sólo se incorporó como requisito obligatorio a partir de la dictación de la ley 21.124 en el año 2019”.
Allende continuó argumentando: “Creemos que en este caso el libelo acusatorio fue poco riguroso, pues en la práctica no se pudo demostrar qué norma jurídica dejó de aplicar la Ministra. El haber dejado libre a un doble homicida, por cierto, al mirarlo con los ojos de la legislación de hoy, en el que los requisitos han cambiado, es inconcebible, pero aquí no estamos para acusar a la Ministra por normas que no existían, sino por la aplicación de la ley vigente en ese momento”.
No obstante, la senadora fue enfática en señalar que “no comparto la decisión tomada por la ministra Donoso y estoy plenamente de acuerdo en que no se puede dejar en libertad a personas que han cometido crímenes tan alevosos como el femicidio, la violación u otros que afectan gravemente a la sociedad, sin embargo debemos ser claros que aquí no se juzga el crimen contra Ámbar, sino la aplicación de los criterios legales que permitían en una época distinta conceder la libertad condicional”.
Por último, Allende sostuvo que “todos sentimos empatía y dolor frente a un caso tan tremendo como este, y de tantas niñas, y mujeres victimas de abusos y delitos, de los que como Estado, y como sociedad debemos hacernos cargo, y que nos obliga a trabajar para mejorar el sistema de protección de niñas y niños, dotar a instituciones como Gendarmería de los recursos necesarios y, finalmente, entregar seguridad que este tipo de situaciones no pueden repetirse jamás”.
