Revuelo ha causado el juicio de cuentas que iniciará la Contraloría en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), después de que a través de una auditoría se revelara un eventual mal uso de subvenciones escolares por un monto de $931 millones, los que se pagaron a dos liceos técnicos públicos de Valparaíso. En específico, se trata de los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal, en los que también habría existido trabajo adolescente, según el ente contralor.
Con las miradas puestas en la Corporación, el alcalde Jorge Sharp se refirió a los resultados de la auditoría a través de una transmisión de Facebook Live en la página del municipio. En ésta, el jefe comunal fue autocrítico, pero también afirmó que lo denunciado entre 2017 y 2019 en la Cormuval es una práctica antigua, instaurada por las administraciones anteriores.
Sharp sostuvo que “el informe es categórico y claro en muchos aspectos, porque da cuenta de cosas que se venían haciendo hace muchos años de mala manera y se habían tendido a naturalizar. La idea no es esconder los problemas bajo la alfombra, sino que explicarlos”.
También aseguró que «hemos podido ordenar muchas cosas (…), pero hay cosas que no pudimos resolver como la Contraloría esperaba que resolviéramos, y ahí hay una autocrítica que hay que hacer, porque todos los esfuerzos que se hicieron desde la Corporación Municipal no han sido suficientes para poder haber detectado esto en 2017 cuando llegamos, o a mitad de 2018 cuando ya estábamos a cargo de esto”, añadió.
Acerca de los $931 millones, Sharp indicó que “no es plata que se perdió, sino que (se ocupó) en sueldos y cotizaciones de profesores que trabajaban en esas áreas. Así se explican estos 900 millones”.
Adolescentes trabajando
El informe que emanó Contraloría también revela que en los liceos Técnico de Valparaíso y María Luisa Bombal se prestaron servicios de coctelería a privados, con personal conformado, entre otros, por adolescentes, sin que se confirmara que tuvieran permiso de sus padres. Los menores de edad llevaron a cabo labores de garzón y cocinero, por los que recibieron remuneraciones entre los $2.000 y los $20.000. «Quizás era tolerable antes, eso señala de que está mal y hay que corregirlo», indicó Sharp.
Ante esta situación, el jefe comunal señaló que “la Contraloría habla también de que estas áreas productivas producían servicios. Por ejemplo, un liceo solicita banquetería para un evento de fin de año y contrataba al Liceo Técnico o Maria Luisa Bombal y todo lo que se pagó a esos liceos fue 390 millones de pesos que la corporación pagó”.
No obstante, Sharp puntualizó que se hizo cargo “de una institución moribunda, con un déficit gigantesco, cotizaciones previsionales que se deben desde los años 80, hemos podido ordenar muchas cosas, subirles el sueldo a los trabajadores. Pero hay cosas que no hemos podido resolver y ahí hay una autocrítica para hacer”.
“Esto nunca antes se hizo ver, ningún concejal lo hizo ver antes -advirtió-, no hay informes de la Contraloría ni de la superintendencia, esta es una situación nueva. Pero esto no es excusa, hay que hacer una autocrítica, a principios de 2018 supimos de esto y actuamos, pero ahora tenemos un informe que nos dice qué hacer», indicó el jefe comunal.
Desde el municipio también indicaron que se están planificando reuniones con el contralor Jorge Bermúdez y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Sharp también indicó que se reunirán con la Fiscalía Regional para aportar en la investigación.
Denuncia
A la luz de los resultados de la auditoría del ente contralor, desde Fiscalía emitieron una declaración pública. En el escrito confirmaron que el 2019 se recibió una denuncia en la Fiscalía Local de Valparaíso por parte de la Defensoría de la Niñez respecto a la presunta venta irregular de colaciones en el Liceo Técnico de Valparaíso a otros establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso, además de la vulneración de derechos por trabajo de alumnos.
Al respecto, el ente persecutor añadió que «se despachó orden de investigar a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, quienes en febrero de este año entregaron su informe. Antecedentes que para el Ministerio Público no fueron suficientes para esclarecer los hechos, de manera que se procedió al archivo provisional de la causa en abril de 2020».
«En relación al informe emanado por la Contraloría de la República la Fiscal Regional, Claudia Perivancich, remitió los antecedentes a la Unidad Regional Anticorrupción mediante oficio 688-2020 del día de hoy, para la investigación de eventuales delitos de malversación de caudales por mal uso de los recursos de la Ley SEP ( Subvención Escolar Preferencial), que son los hechos que en principio tendrían relevancia penal, esto sin perjuicio que en el transcurso de la investigación que realizará URAC, pudiesen establecerse otros hechos constitutivos de delitos diversos», añadió el Ministerio Público.
Durante la transmisión, el alcalde Sharp también anunció que pidió la renuncia a la directora del área de Educación de la Cormuval, Silvana Sáez. No obstante, esta tarde la aludida emitió una declaración pública indicando que no presentará su renuncia al cargo.
Además de señalar que no abandonará su labor, aseguró que «he decidido tomar las acciones legales que correspondan tanto para defender mis derechos laborales, soy trabajadora de la Cormuval de hace 17 años, mucho antes de ser directora del área de Educación, como para esclarecer miresponsabilidad en los hechos evidenciados por la Contraloría. Pondré a disposición decualquier ente investigador que lo solicite todos los antecedentes que manejo, tal como lohice en el proceso de investigación de la Contraloría, con el fin de contribuir a que seresponsabilice a quienes corresponda y se tomen las acciones correctivas necesarias para proteger la educación pública porteña».
La declaración pública de Fiscalía, acá:
La declaración pública de Silvana Sáez, acá:
La transmisión del alcalde Jorge Sharp, acá:
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