Una batería de oficios de seguimiento de fiscalización fueron presentados por el diputado Andrés Celis Montt, respecto del categórico informe que recibió de la Contraloría, donde se detectaron irregularidades por casi mil millones de pesos en la Corporación Municipal de Valparaíso y dos liceos de su administración, iniciando un juicio de cuentas y procedimientos disciplinarios para establecer responsables.
La denuncia que daba cuenta del trabajo de menores de edad sin permiso y el mal uso de recursos públicos, entre otras anomalías, fue presentada por el diputado de Renovación Nacional frente al ente contralor en mayo del 2019. Mismos antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Educación, a la Seremi del ramo y a la Defensoría de la Niñez.
Efectivamente, y luego de más de un año de investigación, la Contraloría confirmó que en el Liceo Técnico de Valparaíso y en el Liceo María Luisa Bombal, se desarrollaron actividades comerciales que no tenían que ver con los talleres pedagógicos que deben impartir ambos establecimientos. Lo anterior, implicó que recibieron $490.649.302, proveniente de actividades irregulares, ajenas a la finalidad pública pedagógica de la Cormuval.
Además, entre otras graves irregularidades, el informe expone el mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y falta de medidas de control en la Cormuval y en los establecimientos en cuestión, lo que permitió que alumnos menores de edad prestaran servicios referidos especialmente a coctelería, sin el debido permiso de sus padres.
Al recibir esta lapidaria auditoría, el parlamentario preparó y presentó requerimientos dirigidos al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía Regional de Valparaíso, a la Superintendencia de Educación y a la Defensoría de la Niñez, solicitando que ejerzan las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias.
“A mi juicio el hecho de que la Contraloría haya detectado el uso irregular de más de 900 millones podría implicar delitos contra el fisco, cuyos responsables deben ser determinados, aplicando las penas correspondientes, por lo que partí esta nueva ronda de fiscalización sobre el tema, enviando los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que ejerza las acciones penales que competan o se hagan parte de las ya iniciadas por otros entes”, indicó el parlamentario.
“En mayo de 2019 cuando denuncié lo que ocurría en la Cormuval, se lo informé también a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien interpuso una denuncia en la Fiscalía por la presunta explotación infantil; sin embargo, dicha causa había sido archivada, por lo que le solicité que me detalle cuáles fueron las intervenciones de su repartición respecto del caso. Además, ante los nuevos antecedentes, me interesa saber si la Defensora habrá decidido querellarse”.
“Respecto del oficio a la Fiscalía, fue remitido para saber por qué se archivó la causa en su momento y, ahora que la reabrieron, saber qué arista se investigará, si la referida a la explotación infantil, a la malversación de fondos públicos u otra. Finalmente, la Superintendencia me notificó el año pasado, de manera muy ambigua por cierto, que se había iniciado un sumario sobre el caso, y dada la gravedad de los hechos y todo el tiempo transcurrido, me gustaría saber si ya se terminó y cuáles fueron sus resultados”, indicó el diputado.
