Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue presentado por siete generales de Carabineros contra quienes la Contraloría formuló cargos en septiembre por sus responsabilidades administrativas en el actuar policial en las manifestaciones post «estallido social».
Fue el pasado 11 de septiembre que la Contraloría formuló cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros debido a que no habrían garantizado el cumplimiento de los «protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos» durante las protestas registradas entre el 18 de octubre y diciembre del 2019.
Estos cargos fueron notificados y se esperaban los descargos de los generales, quienes pidieron suspender el proceso, hasta que la semana pasada decidieron presentar recursos de protección en el tribunal de alzada de Santiago.
Las acciones legales apuntan al contralor Jorge Bermúdez, la fiscal de la entidad, Doris Roa; y el fiscal instructor del sumario, Carlos Soto: los generales sostienen que el sumario y los cargos no se ajustan a la Constitución y muestran un actuar «arbitrario e ilegal».
Los recursos fueron presentados por los generales inspectores Jorge Valenzuela, quien dirige la división de Apoyo a las Operaciones Policiales, y Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; el jefe de Zona Santiago Este, Enrique Bassaletti, el jefe de Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás; el jefe de la Quinta Zona Valparaíso, Hugo Zenteno, y el director de Logística, Jean Camus.
A lo anterior se sumó el general en retiro Jorge Ávila, quien salió de la institución en diciembre del año pasado, tras las críticas al rol de la Fuerzas Especiales.
Detalle de los recursos
Dentro de los argumentos más recurrentes, indica La Tercera, se afirma que la acción de la Contraloría va contra la Constitución y que sólo le compete al general director de Carabineros, Mario Rozas, dar cuenta e iniciar sumarios y remover de los puestos.
«No se trata realmente de un sumario por infracción de normas administrativas, sino que es lisa y llanamente una revisión del mérito de las decisiones y la actuación discrecional que le cabe y corresponde a Carabineros», dice la defensa de Valenzuela, similar a lo que acusa Ávila.
Por su parte, la defensa del general Rodríguez argumentó que sumariar a los altos oficiales es «un despropósito que agrede al estado de derecho y además nos genera un demérito personal moral y familiar y de ascendiente institucional, ya que afecta nuestra reputación y honor así como relevantes derechos constitucionales».
En tanto, la defensa de Bassaletti -también lo hacen Monras y Zenteno- acusan que la acción vulnera los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, la «igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos», la garantía de que «nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales» y el derecho de propiedad.
En el caso de Monras, el recurso de protección ya fue declarado inadmisible por el tribunal de alzada, y se presentó una reposición para revertir la decisión.
Asimismo, los uniformados solicitan que no se entreguen los antecedentes del caso al Ministerio Público.
(Fuente: La Tercera y Cooperativa).
