Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el proyecto de ley que prohíbe el negacionismo de los abusos y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. De esta forma deja en interrogante la discusión de la norma, que estaba a la espera de aprobarse en el Senado.
Luego del requerimiento de Chile Vamos, el pleno del TC acogió por voto de mayoría las tres impugnaciones presentadas. La primera de éstas acusa «vicio constitucional, por no haber sido votado con quórum calificado por los diputados. La segunda, que la iniciativa se «desvinculó» de sus ideas matrices sobre tipificación de los discursos de odio.
En tanto, el tercer asunto, el más criticado por la derecha, era que la propuesta supuestamente vulnera la garantía fundamental de la libertad de expresión, reclamo que el Tribunal acogió y por seis votos contra dos la declaró inconstitucional.
Cabe recordar que Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el proyecto a mediados de septiembre, en primer trámite legislativo, por lo que aún quedaba pendiente la discusión en el Senado.
Conocida la declaración de inconstitucional, la diputada Carmen Hertz (PC) criticó la decisión del TC y aseguró que «ese punto de la declaración del Tribunal es absolutamente falso, derechamente lo digo».
La abogada añadió que «el derecho internacional de los derechos humanos hace mucho que ya zanjó la supuesta colisión, y no hay tal colisión, porque la libertad de expresión no es absoluta, tiene límite, porque si no, no existirían los delitos de calumnia ni de injuria, y uno de ellos límites es precisamente la dignidad y la honra de las personas».
«Y en un país que ha vivido historia de opresión como el nuestro, el negar, aprobar o justificar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los disidentes políticos vulnera la dignidad y la honra», insistió.
En la Cámara Baja esperarán a conocer la sentencia en detalle para analizarla, antes de determinar el futuro del proyecto.
Cabe señalar que una de las normas del proyecto, presentado en 2017, buscaba penalizar con hasta tres años de cárcel a quienes «justifiquen», «aprueben» o «nieguen» las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar de Pinochet.
No obstante, diversas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch (HRW) pidieron que se rechazara la ley por considerar que atenta contra la libertad de expresión, lo que generó polémica en nuestro país, con la propia parlamentaria comunista criticando a José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
