Por María Lorena Rossel
Doctora en Derecho
Directora de la Carrera de Derecho Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar.
Según el último censo del 2017, nuestra población está integrada por un 12,8% de personas de distintos pueblos originarios o indígenas. Entre estos destacan el Mapuche, correspondiente a casi el 80% de la población indígena, seguido por el pueblo Aymara (7,17%), Diaguitas (4,05%), Quechua (1,55%), Lican Antai (1,39%P), Colla (0,95%), Rapa Nui (0,43%), Kawashkar o Alacalufe (0,16%) y Yagán (0,07%).
Actualmente, se está discutiendo en el Congreso la incorporación de escaños reservados en la Convención Constitucional para personas que integren estas etnias, lo que constituye un avance hacia una democracia realmente participativa y representativa de nuestra sociedad.
Sin embargo, cualquiera que sea la fórmula que permita la incorporación de nuestros pueblos originarios, ya sea incluyéndolos dentro de los 155 cupos o aumentando dichos escaños, es fundamental que dicha decisión se adopte a la brevedad, para que tengan el tiempo necesario para preparar sus candidaturas y propuestas para una nueva Constitución.
Además, cualquier retraso en la definición de las reglas necesarias para la conformación de la Convención Constitucional, podría restarle legitimidad a un proceso tan trascendental para nuestro Estado, como es la redacción de una nueva carta fundamental.
