Desde septiembre del año 2018 que la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso llevaba a cabo una investigación tras una denuncia recibida por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de La Calera relacionada al delito del tráfico ilícito de drogas en distintos predios en Viña del Mar, Lliu Lliu y Peñablanca. Con estos antecedentes comenzó la indagatoria que permitió al fiscal Maximiliano Krause, a cargo de este caso, solicitar una orden de detención en contra de veinte personas.
La Fiscalía logró recopilar antecedentes, gracias a las diligencias realizadas por BRIANCO, que permitieron fundamentar la participación de los imputados en los delitos de tráfico de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, cultivo no autorizado de especies vegetales del género cannabis y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000, delitos cometido a lo menos entre el año 2018 a la fecha.
“Durante el periodo de investigación fue posible detener en principio a ocho personas y luego el pasado 23 de noviembre a 20 personas más. A través de la técnica de interceptaciones telefónicas y vigilancia se pudo establecer la participación de estas 28 personas en distintos cultivos de cannabis sativa. Durante la investigación también se logró establecer la existencia de a lo menos 10 plantaciones de las cuales se logró la incautación en ocho de ellas, incautando un total de 20 mil plantas de cannabis sativa, que equivalen a 6.500 kilos de unidades floridas u ordinariamente denominados cogollos de marihuana”, explicó el fiscal a cargo del caso, Maximiliano Krause.
“Dicha banda era liderada por un sujeto apodado “el Patrón”, siendo detenido su líder junto a otras veinte personas, todas integrantes de esta banda. En los respectivos allanamientos se logró incautar 8.327 plantas de cannabis sativa, armas de distinto calibre, seis escopetas, tres revolver, una pistola a fogueo. Además de la cantidad de 585 cartuchos de distinto calibre. En dinero efectivo se logró incautar dos millones de pesos, además se incautó la logística que utilizaba la banda criminal para el traslado de los insumos y la droga una vez cosechada, siete camionetas, un furgón y dos camiones”, indicó el prefecto Delfín Olguín, jefe de la Prefectura de Viña del Mar .
Según antecedentes de la investigación, la droga que se extraía de estos cultivos ilegales era vendida y distribuida en la Quinta Región, específicamente en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Durante el trabajo investigativo se trabajó con diligencias intrusivas como interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis de información, entre otras. Además, previa orden judicial, se realizó la entrada y registro a 18 inmuebles. Ello permitió establecer la participación de los veinte imputados en los delitos investigados, quienes utilizando estructuras de organización típicas de la actividad agrícola han instalado, mantenido y cultivado desde octubre de 2018 a la fecha, nueve plantaciones de cannabis sativa, la que una vez cosechada procedían a guardar, ofrecer, transportar, transferir previo acuerdo del precio o a cuenta de otros bienes o servicios.
“Lo relevante de la investigación que llevó a cabo la Policía de Investigaciones junto con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso es que normalmente en el hallazgo de plantaciones de cannabis sativa se logra encontrar la plantación, más no las personas que están vinculadas y encargadas de ella. A través de la investigación que se llevó a cabo se pudo establecer claramente quien eran los que participaban en dichas plantaciones y que funciones le correspondían a cada uno de ellos”, explicó el fiscal Maximiliano Krause.
Este trabajo investigativo permitió formalizar a los imputados en el procedimiento más grande a nivel nacional de una organización dedicada al cultivo y tráfico con detenidos. “El Tribunal accedió a decretar la prisión preventiva respecto de ocho de los integrantes de esta agrupación que son los que cumplen función de mayor relevancia dentro de lo que se pudo establecer en la investigación”, señaló el fiscal Krause.
El resto de los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario y el Juzgado de Garantía determinó un plazo de investigación de seis meses, para realizar una serie de diligencias que fueron autorizadas por el magistrado.