Una declaración pública realizó la senadora Isabel Allende Bussi, de cara a los cuestionamlentos que han surgido – principalmente desde el oficialismo- respecto al proyecto de indulto por razones humanitarias, iniciativa presentada por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y suscrito por ella, junto a las senadoras Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y el senador Alejandro Navarro (PRO).
En el documento, la parlamentaria socialista aclara que adhirió al proyecto de indulto «convencida de la necesidad de visibilizar una realidad que ha estado escondida en el último tiempo: el abuso de la persecución penal y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los manifestantes detenidos durante el denominado estallido social, política criticada por parte de diversos organismos de derechos humanos, y de acuerdo a la que hoy existirían más de 300 personas privadas de libertad en espera de juicio por este tipo de causas».
Allende añadió también que «de acuerdo con esta discusión, habría en muchos casos una evidente infracción al debido proceso: el juzgamiento dentro de un plazo razonable; la vulneración a la presunción de inocencia; junto a dificultades en los medios de prueba producida en este tipo de procedimientos. Sin perjuicio de esta realidad, quiero aclarar que esta iniciativa no busca avalar ni amparar hechos de violencia como incendios, saqueos, atentados al transporte público, entre otros, como se ha pretendido instalar en la opinión pública, los cuales rechazo».
Junto con lo anterior, la legisladora adelantó que «por esta razón es que durante la tramitación del proyecto buscaremos perfeccionarlo y colocar límites, donde se debe hacer la distinción en hechos que merecen un fuerte reproche penal y social por su gravedad, como delitos que ponen en riesgo la vida de personas, de los que solo son delitos contra el orden público, sobre todo, en los que se han visto involucrados jóvenes sin antecedentes penales previos».
Para finalizar, la senadora del PS enfatizó: «Hacemos un llamado amplio al diálogo, que nos permitan explorar diversas alternativas entre el gobierno, oposición y oficialismo para encontrar una medida legislativa y política urgente, que permita destrabar este conflicto social. Porque lo que no podemos hacer es negar la existencia de situaciones abusivas y arbitrarias, por lo que desde ya creemos que el veto anunciado no da cuenta de la necesidad de encontrar acuerdos en esta materia. Debemos acelerar los procesos, terminar con el uso desmedido de la prisión preventiva, siendo el indulto propuesto una solución excepcional, pero no la única».
