A propósito del anuncio realizado por el Gobierno respecto al proceso de descarbonización de la matriz energética, la senadora Isabel Allende Bussi, valoró la suspensión de funcionamiento de las termoeléctricas.
En ese contexto, indicó: «Creo que es un avance la suspensión de funcionamiento de las termoeléctricas en Quintero-Puchuncaví, Ventanas 1 y Ventanas 2. Se trata de un imperativo moral, sanitario y ambiental para con las personas que viven en estas zonas y para el planeta».
No obstante, la parlamentaria advirtió que se debe tomar en cuenta que «no parece razonable el pago que realiza el gobierno de Chile a AES Gener a través del Estado de Reserva Estratégico. En la práctica, ello implicaría que las centrales se mantienen en en el Sistema Eléctrico por 5 años más, hasta diciembre 2025, recibiendo mes a mes durante esos 5 años importantes pagos por ambas centrales, aunque no operen. Cabe destacar que estas centrales han operado más de 40 años y ya superan en exceso su vida útil tanto económica como técnica. Este pago por quedar en reserva obliga a los chilenos y a las generadoras eléctricas limpias a subsidiar a centrales sucias y obsoletas, retrasando la transición energética. Por lo anterior, añadió Allende que «hemos oficiado al Ministerio de Energía para que aclare cuánto se le está pagando a cada empresa por concepto de Estado de Reserva Estratégica, además e los informes técnicos que definieron la necesidad de mantener dichas plantas en estado de reserva».
Asimismo, la legisladora enfatizó que «la descarbonización es perfectamente posible realizarla hacia el año 2030 y no 2040 como propone este gobierno. Está demostrado que es posible técnica y económicamente el cierre de las termoeléctricas a carbón gradualmente al 2030, sin afectar la seguridad del suministro, ni los costos de energía. Es solo un tema de voluntad política. Por eso, apoyaremos el proyecto de ley de cierre de las termoeléctricas al año 2030 que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados».
Allende también recalcó que «se requiere una reparación integral en Quintero, Puchuncaví y Concón. Sobre todo, lo más importante es dictar y actualizar las normas de calidad primaria y secundaria para aire, agua, suelo, ruidos, olores. Por eso, en el proyecto de ley de cambio climático, hemos propuesto que todo ciudadano pueda exigirle al gobierno de turno la dictación de normas ambientales faltantes en un plazo de 4 años».
Para finalizar, la parlamentaria destacó que «no basta con una descarbonización de nuestra matriz energética al año 2040. Se requiere una reparación integral por lo que ha ocurrido en la zona, en la línea que ordena la sentencia de la Corte Suprema hacia los habitantes de las denominadas ‘Zonas de sacrificio’ de nuestra región».
