A las dependencias de la Municipalidad de Recoleta ingresó la mañana de este jueves la fiscal Paulina Valdebenito junto a un equipo de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, en el contexto de la investigación que instruye la institución por el caso de las Luminarias Led.
Esta diligencia de registro solicitada por la Fiscalía se había programado hace algunas semanas, pero recién se concretó este jueves en el municipio que encabeza el alcalde comunista Daniel Jadue.
Cabe recordar que Recoleta está entre los 22 municipios que entre mayo de 2017 y abril de 2020 licitaron en favor de la empresa Itelecom el cambio y mantención de las luminarias de alumbrado público con el sistema de luces Led. El contrato adjudicado en junio de 2018 luego de desestimar la oferta de otras tres empresas implicaba el pago a Itelecom de más de 85 millones durante diez años, sumando un total de $10.259 millones, la más cara hasta ahora, según reveló una investigación de Ciper en mayo del año pasado, cuando se allanaron las municipalidades de Iquique y Chillán, a partir de las cuales estalló el escándalo.
De forma anterior a eso, en 2018, dos concejales de Recoleta denunciaron posibles irregularidades en la licitación de la comuna. Pero la Contraloría en un informe de diciembre de ese año, desestimó que hubiera irregularidades. Por eso, cuando se destaparon los hechos en Iquique y Chillán con más de 15 detenidos el año pasado, por supuestos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita, la administración municipal encabezada por Daniel Jadue, se mostró dispuesta a colaborar con la investigación.
La indagatoria que se mantiene en secreto en las regiones de Tarapacá y Ñuble, ha dejado sin embargo al descubierto, un modus operandi que implica el aparente soborno a funcionarios municipales tanto concejales y técnicos de las respectivas oficinas de planificación municipal. Para eso, la empresa Itelecom encabezada por uno de sus dueños Marcelo Lefort quien fue formalizado y permanece en prisión preventiva, destinó millonarios montos anexos al valor de los contratos para asegurar la adjudicación, que en muchos casos como el de Recoleta, no dejó hasta ahora, huellas de irregularidades.
Para eso, la empresa, que en tres años se adjudicó más de $44 mil millones de pesos, contó con la colaboración del funcionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco, quien figuraba como contraparte técnica en las municipalidades, a favor de Itelecom y habría ayudado en la confección de las bases de licitación, hechas a la medida para que Itelecom se impusiera al resto de los oferentes.
En efecto, esta sospecha fue la que hizo declarar desierto el proceso en Providencia a la alcaldesa Evelyn Matthei, quien además hizo una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica. Se habían presentado 11 empresas e Itelecom era la única que podía cumplir con las bases.
A partir de esta denuncia, la fiscalía Centro Norte y su unidad de Alta Complejidad, encabezada por la fiscal Patricia Cerda, inició una investigación que también se maneja en reserva. En mayo del año pasado, el alcalde Jadue enfatizaba que hasta ese momento la municipalidad que encabeza no había sido requerida por el Ministerio Público y recordaba que la Contraloría no encontró irregularidades en la licitación.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, The Clinic reveló que la Municipalidad de Recoleta recibió en febrero de 2020 una donación de 50 millones de pesos para la realización del Festival Womad, uno de las gestiones más emblemáticas de la administración Jadue, por tratarse de un evento gratuito. Días después de conocerse la donación, la municipalidad reconoció el hecho en un comunicado.
“Efectivamente y de acuerdo con la reglamentación de la Ley de Donaciones Culturales, se recibió el monto de 50 millones de pesos de la empresa Itelecom, quienes aportaron para la realización del evento internacional, que benefició en febrero de ese mismo año, en forma gratuita, a más de 2 mil vecinos y vecinas de Recoleta, quienes accedieron a diversos espectáculos musicales de nivel internacional”, afirmaba el texto, donde se enfatizaba que no hubo irregularidades en el proceso.
“Lamentamos que la Corporación Cultural de Recoleta, presidida por el alcalde Daniel Jadue y dirigida por destacadas personalidades de la cultura y las artes nacionales, sea mencionada e involucrada por medio de trascendidos carentes de veracidad, pretendiendo enlodar nuestro permanente trabajo en beneficio del desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio nacionales para nuestra comunidad. De ello habla nuestra participación permanente en los programas nacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los que destacan nuestro modelo de política cultural local, al hacernos partícipes directos en la actualidad de sus programas nacionales de mayor relevancia y trascendencia”, añade dicha declaración.
De todas maneras, la diligencia efectuada hoy se enmarca dentro de la sospecha de que todas las adjudicaciones de Itelecom tienen un origen irregular y que en el caso de Recoleta, algún funcionario pudo estar involucrado en el entramado que la empresa organizó para ganarse legalmente las licitaciones. No necesariamente con la anuencia directa de la máxima autoridad municipal. Como ocurrió en el caso de Iquique, donde el propio alcalde Mauricio Soria hizo una denuncia a la fiscalía en abril de 2018, antes incluso de adjudicar la licitación (en septiembre de ese año) a partir de un correo electrónico que denunciaba el arreglo en las bases a favor de Itelecom. En Iquique la empresa se adjudicó un contrato por más de $6 mil millones.
A partir de esa denuncia en Iquique, se descubrió la participación de cuatro concejales y dos funcionarios de la administración municipal, además de un ex seremi de Deportes en la región. Según los audios de los teléfonos interceptados por la fiscalía, los concejales, Guillermo Cejas, Arsenio Lozano, Felipe Arenas y Mitchel Cartes, ex intendente regional, se articularon para repartirse un monto cercano a los 400 millones aunque lo que finalmente llegó a sus manos, detectado por la fiscalía, no llegó a más de nueve millones en el caso de Cejas y los demás. Como intermediario de la empresa actuó el ex seremi Johann Vieyra.
En Chillán en tanto, Marcelo Lefort confesó haber ofrecido al abogado asesor de la municipalidad Marcelo Campos, seis mil pesos por cada luminaria instalada por la empresa.
(Fuente: El Mostrador).
