En el Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio se realizó entre el 15 y 18 de enero el juicio en contra de dos ex funcionarios de carabineros por el delito de cohecho. Los hechos ocurrieron el 17 de enero del año 2020 en El Quisco, cuando en un control vehicular ambos imputados solicitan una suma de dinero al conductor de un vehículo para no dar cuenta de una infracción de tránsito, como se expuso en la acusación.
De acuerdo a lo expuesto durante el juicio, en calle Isidro Dubornais fiscalizaron a un hombre que se desplazaba en su vehículo Chevrolet Camaro sin placa patente y le solicitaron dinero para no cursar una infracción y una falta a la ley de tránsito, como andar sin licencia de conducir. Además, el conductor les señaló que mantenía una pistola AIRSOFT, arriesgando por ello detención. Entonces el hombre accedió a la solicitud y les entregó a carabineros la suma de $150.000.
El fiscal de San Antonio, Rolando Ramírez, expuso durante sus alegatos de apertura la gravedad de los hechos cometidos por los ex funcionarios de la Subcomisaría de El Quisco, ya que generan en la ciudadanía una sensación de impunidad y constituyen una de las conductas más reprobables de un funcionario público. “El día de los hechos ellos estaban realizando servicios propios de su cargo, pidiendo un beneficio económico, solicitándole a la víctima dinero, que pudieron ver a propósito de un allanamiento indebido. Los acusados omitieron todo un procedimiento policial. La víctima hizo la denuncia directamente ante el jefe de la unidad policial, sin avalar esta conducta reprochable”, recalcó.
Durante el juicio el Ministerio Público logró presentar prueba testimonial, documental y pericial que permitieron dar por acreditados los hechos de la acusación, como lo señaló el Tribunal en su resolución: “Los hechos antes referidos que se tuvieron por acreditados, más allá de toda duda razonable, son constitutivos del delito de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, en su inciso primero, norma que prevé la siguiente hipótesis legal: ‘El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo'».
De esta forma, el Tribunal Oral en Los Penal realizó este viernes la lectura de sentencia, condenando a ambos imputados a la pena de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo, 7 años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y 300 mil pesos de multa.
(Foto: Imagen referencial).
