La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) y las senadoras Isabel Allende (PS) y Yasna Provoste (DC), firmaron de forma conjunta una declaración pública en la que ponen énfasis en la necesidad de comprender la situación de quienes se mantienen privados de libertad debido a hechos ocurridos en el contexto del estallido social.
En el escrito comienzan recalcando que «debemos comprender la situación de cientos de adultos y jóvenes, que se encuentran privados de libertad, imputados por eventuales delitos cometidos en contexto de manifestaciones, durante o posteriormente al estallido social, y que han sufrido el uso excesivo y desproporcional de la prisión preventiva, mientras sus juicios son aplazados».
Asimismo, indican que «es necesario entender que sus eventuales delitos, fueron cometidos en un marco de violaciones graves a los derechos humanos, donde la población civil sufrió graves secuelas; tal como ha quedado registrado por diversos informes internacionales y que vienen a ratificar la vulneración a la integridad de algunos detenidos, existiendo diversas querellas por apremios ilegítimos en curso.Para ellos no se ha respetado la excepcionalidad de la prisión preventiva, afectándose de manera desproporcionada las garantías de los imputados, en un contexto agravado por las amenazas de la pandemia Covid para todas las personas que están bajo custodia del Estado».
También señalan que «pese al abuso de la prisión preventiva, los órganos competentes no han dado cifras claras que indiquen la cantidad de manifestantes que se encuentran en esta situación. Las diversas instituciones, manejan distintos números, lo que genera confusión y aumenta la sensación de arbitrariedad y de vulneración de derechos, de un debido proceso. Es urgente clarificar las cifras y las condiciones de cada uno de ellos, debemos darle urgencia a la realización de un diagnóstico certero y transparente.Junto a esto, es necesario entender la situación física y psicológica que están viviendo estas personas, que se han visto privadas de libertad por largo tiempo, sin que exista certeza acerca su futuro judicial. Este uso excesivo de prisión preventiva ha significado la pérdida de empleos, la imposibilidad de continuar estudios, separación de familias y graves secuelas adicionales».
Junto con lo anterior, sostienen que «para elaborar un diagnóstico de esta situación, la Mesa de DDHH, conformada por la Presidencia del Senado y la Comisión de DDHH del Senado, constituirá una comisión de trabajo para abordar la situación de las personas que, en el contexto del estallido social, se encuentran por largos meses en prisión preventiva, elaborando una propuesta urgente y rápida que allanen los obstáculos existentes para asegurar la libertad e integridad de los jóvenes en las situaciones descritas, mientras dure la investigación de los hechos que se les imputan en contexto de estallido social. Dicha comisión no obsta a que continúe la discusión legislativa en torno al proyecto de ley de indulto, en el cual quedan meses de estudio en las diversas comisiones en el Senado. Por lo mismo, es que creemos urgente poder llegar a una solución rápida a la situación de los presos en torno al estallido social».
