Un proyecto de ley que busca sancionar las amenazas a través de plataformas digitales, ya sea a autoridades de todo tipo o a personas naturales, fue anunciado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
«La legislación al respecto, que está en el Código Penal, es una legislación muy anacrónica, no considera las nuevas formas de amenazas» a través del teléfono o redes sociales «que no existía hace algunas décadas», puntualizó el secretario de Estado, quien ingresará la iniciativa, en una entrevista con El Mercurio.
A raíz de esto, el secretario de Estado presentará el proyecto a principios de marzo y busca «actualizar la legislación» ante amenazas que tientan «contra la dignidad de una persona», con la exposición de datos personales, fotos sensibles, información familiar, direcciones, entre otros.
La iniciativa busca inhibir estas conductas que se han presentado contra jueces, fiscales, políticos, funcionarios de Gobierno y hasta -por ejemplo- un vecino que denuncia a otro o árbitros de fútbol. «Todo eso atenta contra las instituciones», añadió.
«No podemos normalizar la amenaza como un método de resolución de conflictos», aseguró y agregó que «la discusión de esta ley va a traer también un debate que es muy interesante, que es hasta qué punto normalizamos la violencia como método para resolver los conflictos».
Delgado declaró que esto también pone el ojo en la Convención Constitucional, porque a su juicio, el debate que se generará debe ir de la mano con «la tranquilidad para poder exponer sus ideas y que no sientas que por decir algo distinto al resto van a ser amenazados o sufrir algún tipo de ataque», indicó.
Y, a su vez, se refirió a las conocidas como «funas»: «Creo que si la funa se transforma en amenaza, por supuesto que tiene que estar, pero también creo que tiene que haber una legislación adicional, no relacionada con esta, que se haga cargo, por ejemplo, del ciberbullying y, obviamente, la funa está en esa categoría», dijo.
Hasta el momento, no están definidas qué penas o sanciones tendrá este proyecto, lo que aún está siendo discutido por los ministerios de Justicia y Secretaría General de la Presidencia.
(Fuente: Cooperativa).
