Durante este viernes el 7º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella que presentó la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) contra el Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Esta acción judicial sostiene que existiría un eventual delito de corrupción en el marco de la pandemia de COVID-19 en Chile, y tiene relación con la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la habilitación de infraestructura de salud de emergencia, esto es, la apertura de residencias sanitarias.
Según lo expuesto en la acusación, “existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados”.
En su querella, la Comisión Chilena de Derechos Humanos sostiene que se persigue el delito de fraude al Fisco, respecto de la presunta intervención en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados.
Asimismo, se habla de atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país, en una fecha anterior al periodo de pandemia en Chile, “hechos que defraudando al Estado, han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una ‘exitosa estrategia sanitaria»”, indica la CChDH.
También se menciona la responsabilidad penal por los delitos de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, siendo el caso más emblemático la “doble contratación” de los servicios de Espacio Riesco, para ser habilitado como hospital de emergencia, se indica en el documento.
