Para doce días está programado el juicio en contra de una mujer que tenía a su cargo el cuidado y la protección de menores en el jardín Siete Pinceles de San Antonio, instancia que se comenzó a desarrollar el 12 de marzo en el Tribunal Oral en Lo Penal de esa comuna.
La investigación se inició el año 2018 y tras esta indagatoria se logró acusar a la imputada y llevarla a juicio. Como se expuso en la acusación, la cuidadora de manera reiterada ejecutó una serie de conductas en contra de todos las niñas y niños que asistían al jardín, quien “además, para llevar a cabo todas y cada una de las acciones descritas, creó un ambiente de indefensión para las víctimas y se aprovechó de ello». Las víctimas son 32 infantes que tenían entre 6 meses y tres años de edad al momento de cometerse los ilícitos.
Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los artículos 403 bis, que señala “el que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo” y el artículo 403 ter que establece: «Todo acto de violencia o maltrato físico efectuado en contra de un menor de edad, un adulto mayor o persona en situación de discapacidad será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo». Ambos delitos en carácter reiterado, en la calidad de autora y en desarrollo consumado.
El fiscal Álvaro Mansilla, a cargo del caso, espera presentar toda la prueba en la primera parte del juicio, que incluyen más de cuarenta testigos, peritos, prueba documental y pericial, además de otros medios como fotografía, audios y videos, que buscan dar cuenta de los delitos cometidos por la imputada.
Una vez rendida la prueba por parte del Ministerio Público será el turno de la Defensa de la imputada, para seguir con los alegatos de clausura, para finalmente arribar al veredicto.
El Ministerio Público espera que el Tribunal logre convicción de los hechos acusados y que se pueda arribar a un veredicto condenatorio y que se acoga lo solicitado en relación a la pena, cinco años de presidio menor en su máximo por cada uno de los delitos que se le imputan.
