Un minucioso análisis está realizando la Comisión de Constitución del Senado en torno al proyecto que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.
Se trata de una iniciativa que contempla una serie de cambios a los procedimientos civiles y penales con el objeto de enfrentar el impacto que tiene la crisis sanitaria en el funcionamiento de los tribunales de justicia.
Para ello, se busca mayor eficacia para enfrentar la sobrecarga de trabajo sobreviniente y limitar la presencia física de las personas en los tribunales, entre otras medidas, por lo que se contempla la incorporación de tecnología y sistemas telemáticos en las audiencias.
La Comisión está estudiando en particular el proyecto y tras aprobar las disposiciones permanentes, comenzó a analizar las normas transitorias que regirán por un año desde la publicación de la ley.
Entre los cambios propuestos hay tres áreas: una que busca dar mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente; otra relativa las modificaciones que buscan limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios; y una última que contiene las reformas orgánicas.
Entre las primeras, se contemplan cambios a la justicia penal que pasan por la ampliación transitoria de los plazos para la realización de audiencias, para la redacción de sentencias y para la interposición de recursos.
En las otras áreas se contempla la racionalización del uso de audiencias en algunos asuntos sencillos de la judicatura de familia y se amplía la cobertura del procedimiento monitorio laboral, entre otros.
Con el objeto de limitar la presencia física de las personas en los tribunales, se propone la posibilidad de que puedan resolverse por escrito ciertas actuaciones consideradas de mero trámite y que los tribunales decreten el desarrollo de audiencias vía remota, incluyendo la audiencia de juicio oral ordinario y de juicio oral simplificado, siempre y cuando tal modalidad no afecte las garantías básicas del debido proceso.
Asimismo, el proyecto considera facultar a la Corte Suprema a ordenar la destinación transitoria de ministros, fiscales judiciales, relatores, secretarios u otros funcionarios, cuando existieren desequilibrios entre las dotaciones y la carga de trabajo entre Cortes de Apelaciones de una misma región.
(Fuente: Senado).
