Las cifras entregadas por la fundación TECHO-Chile sobre el aumento de campamentos y familias que viven en estos precarios asentamientos dejan de manifiesto la urgente necesidad de plasmar en la nueva Constitución derechos tan básicos como el derecho a la vivienda digna y el acceso al agua.
El estudio indica que las familias que viven en campamentos a lo largo del país aumentaron en un 73,52% y de ellas un 93% no cuenta con acceso a agua potable. En este sentido, vale la pena recordar que esta semana la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar un recurso de protección presentado por el Instituto de Derechos Humanos (INHD), en favor de vecinos de las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua para que pudieran tener un acceso garantizado al recurso hídrico.
El máximo tribunal, junto con acoger el recurso, ordenó a la Seremi de Salud de Valparaíso, y la Gobernación Provincial de Petorca, “adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar a los recurrentes (…) un abastecimiento de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por persona”.
En ese contexto, el abogado y candidato a constituyente por el distrito 7, Luis Cuello, enfatizó que el Gobierno no ha mostrado voluntad para responder a la demanda de los habitantes de estos lugares considerando, además, que se encuentran viviendo una gran crisis hídrica y la pandemia por COVID-19, donde su prevención radica en el lavado frecuente de manos, entre otras medidas.
Esta realidad también la viven más de 81.000 familias que habitan en campamentos a lo largo de Chile. Por ello, nuestro compromiso es reconocer en la Nueva Constitución el derecho a la vivienda digna y el derecho humano al agua. No podemos seguir tolerando que más de 57 mil menores de 14 años vivan sin poder lavarse los dientes o darse un baño, porque como país no hemos sido capaces de garantizar derechos tan básicos como al agua o la vivienda digna.
En esta misma línea, añadió que valora la aprobación por parte del parlamento de la idea de legislar el proyecto que busca establecer una compensación del 3% a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, el cual fue objetado por el ejecutivo solicitando reserva de constitucionalidad, hecho que demuestran una vez más una nula voluntad del gobierno y la derecha de buscar los recursos necesarios para materializar los cambios que la sociedad demanda con más fuerza desde octubre de 2019. «Este paso dado por la Cámara de Diputados y Diputadas es un paso que indica que es posible nacionalizar el cobre y el litio en la Nueva Constitución para financiar derechos sociales y dar dignidad a las personas, como lo hemos propuesto desde el inicio del proceso constituyente», añadió.
