Por Andrés Cerpa Navarrete
Presidente del colegio de Administradores Públicos
(En informe de análisis de contingencia del Observatorio para la Gestión y Análisis Político, de la Escuela de Administración Pública de la UV).
La ventana de oportunidad que se presenta con la nueva Constitución implica un buen momento para repensar las cosas públicas, porque lo que fue modélico ayer, hoy es un fracaso o ha quedado obsoleto. Para entrar en este diagnóstico debemos antes hacer un análisis histórico: es cierto que en el Estado contemporáneo existen temas claves que justificaron un modelo de Administración Pública en la medida en que había riesgos colectivos. Es evidente que hay un momento en la historia (después de la II guerra mundial) donde la idea de inseguridad y de riesgo se amplía y el Estado llega con elementos de seguridad sociales (educación, salud, empresas, vivienda, promoción de la producción, etc.)
Esta estructura de protección generó una estructura de cuerpos en la administración. A medida que el Estado iba aumentando sus obligaciones institucionales, iba aumentando esa lógica de intervención a través de mecanismos weberianos, los cuales implicaban una estructura de función pública a través de la presencialidad, jerarquía, mérito, lógica de procesos, eficacia e impersonalidad. Ahora bien, la arquitectura de nuestra Administración Pública fue creada en base a aquellos problemas colectivos, y como resultado hemos visto que durante la pandemia que se han reforzado esas estructuras estatales con foco en una respuesta de protección nacional y centralista, responden a aquellas lógicas con las cuales fueron creadas esas instituciones, pero no se ha trabajado con una lógica de respuesta supra estatal ni de trabajo en red con los gobiernos locales y regionales. En este sentido, si bien es cierto, el Estado en sus procesos se han modernizado, no lo ha hecho su arquitectura institucional, por lo que las estructuras de decisión en este tema son básicamente centralizadas, nacionales, clientelares y burocráticas, sin embargo y paradojalmente, resulta que el mercado, la educación y el benchmarking entre otros, poseen características globales y digitales. La crisis sanitaria también es global, pero hemos hecho frente a ella con instrumentos locales y burocráticos».
A lo anterior, hemos tenido un modelo de Administración y Función Pública poco ágil, atemporal, acomodado a la certeza legal y estabilidad, el cual contrasta con la incertidumbre radical en la cual hoy vivimos. Muchos de estos problemas no son nuevos. Reflejan, al menos tres causas 1) el escaso interés que la política viene prestando a sus reformas, 2) treinta años de políticas neoliberales y un Estado subsidiario donde se ha precarizado el servicio civil y no se ha pensado en su desarrollo ni protección más allá la ley de presupuestos y 3) debilidad de nuestros sistemas informáticos y desconocimiento de estos por usuarios, lo cual ha generado resistencias internas en la Administración Pública para implementar nuevas tecnologías, pues supone alterar los equilibrios de poder dentro de las organizaciones. Esto supone que determinados actores que tenían posición de poder, ven amenazadas sus posiciones con la utilización intensiva de la tecnología.
La discusión sobre la nueva Constitución deberá asumir que la Administración Pública requiere cambios fundamentales: reclutamiento y selección exquisitamente meritocráticos, orientar estos procesos a carreras profesionales cuyo foco sea el Estado y el Servicio Público, desarrollo de nuevas competencias basadas en la gobernanza de datos, nuevo diseño organizacional combinado con el ámbito de inteligencia artificial, cambiar lógicas de trabajo departamentales para hacerlo más colaborativo, y con ello, hacer florecer la inteligencia colectiva. Debemos hacer una apuesta por la transversalidad, por la polivalencia y el teletrabajo en el Sector Público. Estas reformas deberán realizarse bajo la lógica del diálogo y con todos los actores involucrados. En este sentido, tanto la Administración como el Empleo Público deberán ser objeto de modernización y cambio en esta discusión constitucional, junto con fijarse un ámbito de protección y blindaje desde el punto de vista legal, sindical y profesional. La precarización del empleo público es inadmisible y el fortalecimiento de las competencias y fiscalización de la Administración Pública deben aumentarse y perfeccionarse junto con su excelencia, rendición de cuentas, transparencia y probidad.
Finalmente, y para que este cambio constitucional se concrete, junto con reconstruir las confianzas entre la Política y la Administración, debemos renovar el discurso ético en el Estado, Gobierno y Administración Pública. Eliminar las planillas Excel que se construyen bajo lógicas feudales, implicará desarrollar cada vez más temas de ciberseguridad en una mezcla de normativa y algoritmos donde no sólo se pongan a prueba las capacidades del funcionariado, sino que también la privacidad y el respeto de los usuarios.
(Publicado originalmente en primer informe de análisis de contingencia del Observatorio para la Gestión y Análisis Político, de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Diario La Región Hoy cuenta con la debida autorización para su publicación).
