Se trató de una discusión extensa. Por cerca de ocho años la nueva Ley de Migración y Extranjería, iniciativa que venía a reemplazar la normativa de 1975, permaneció en el Congreso. No obstante, este domingo el Presidente Sebastián Piñera puso fin al debate, promulgando la nueva regulación.
Junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, el Mandatario señaló que “el principal objetivo de esta nueva ley es poner orden en nuestra casa”.
“No queremos que ingrese a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes”, dijo el Jefe de Estado, valorando el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas en la frontera norte.
No obstante, una vez finalizada la ceremonia, reflotaron las críticas en torno a la ley. Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, señaló que la normativa se fundó a partir de una premisa segregadora, en la que se generan condiciones diferenciadas para los migrantes respecto de, por ejemplo, temas previsionales, entre otros.
“Se han hecho bastantes señalizaciones sobre cómo se abordan los derechos del niño, es decir, hay una dimensión enorme que es de una continuidad respecto del enfoque de seguridad nacional que tenía el decreto de ley de Pinochet. En ese sentido, está un poco dentro de la óptica general que hemos visto sobre cómo se conciben los derechos humanos”, dijo el dirigente.
“La ley tiene otro inconveniente enorme que va a generar una cantidad de dificultades y es que a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. En algún momento, el Gobierno llegó a decir que esas personas que se van pueden hacer el tramite en algún consulado y luego volver a entrar, como si hacer los trámites en un consulado se hiciera en dos días. Lo otro que es crítico es que no va a haber posibilidad de regular de manera constante como lo indican todas las políticas migratorias de la región”, criticó Cardoza.
En específico, la ley establece una nueva institucionalidad, a la vez que genera un nuevo sistema respecto de la entrega de visas, las que deberán ser gestionadas en los países de origen de la población migrante, entre otros derechos y deberes. Ahora, la Ley de Migración y Extranjería entrará en vigencia cuando se encuentre disponible el Reglamento de Migraciones que deberá elaborar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El plazo para ello es de un año desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Por otra parte, Cardoza señaló que hoy la situación de la población migrante en el país es crítica, sobre todo, en el marco de la crisis sanitaria. Al respecto, sostuvo que “la pandemia agravó” lo que ya existía: “El migrante tiene menos redes de las que habitualmente tiene alguien que nació en Chile (…). Amplios sectores de la migración no han podido realizar el aislamiento requerido, las cuarentenas requeridas, porque hay que salir a trabajar para ganarse la vida todos los días y poder comer. La disyuntiva ahí ya no está entre el COVID- 19 o quedarse en la casa, sino que la disyuntiva es si come mi familia o no”, cerró el dirigente.
Cardoza también indicó que la situación de los migrantes en el país es algo que ha sido observado con preocupación por la comunidad latinoamericana, sobre todo al contrastar las medidas abordadas en Chile con acciones de países como Perú, Bolivia y Argentina. En esa línea, Cardoza dijo que el Movimiento Acción Migrante ya se encuentra trabajando junto a otras organizaciones para llevar la denuncia sobre la precarización migrante en Chile a instancias internacionales.
(Fuente: Diario y Radio Universidad de Chile).
