Durante este lunes el gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, firmó la polémica ley «antiprotestas», criticada y calificada de «inconstitucional» por organizaciones civiles y por el Partido Demócrata.
DeSantis indicó en una conferencia de prensa: «Muy bien, ya está. Fue prometido y fue entregado».
«Es la legislación más fuerte contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país, no hay nada que se le parezca», dijo DeSantis en Winter Haven, en el centro de Florida.
La norma, presentada por el gobernador con bombos y platillos en septiembre del año pasado, amplía las facultades de las fuerzas del orden para efectuar arrestos en las manifestaciones y dificulta recortar el financiamiento de la policía.
Bajo el mantra de «ley y orden» que reclamaba el entonces Presidente Donald Trump (2017-2021), y cuando ocurrían disturbios en varias ciudades del país tras la muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco Derek Chauvin, DeSantis dio a conocer esta propuesta a pesar de que en Florida no se registraron revueltas violentas.
En la conferencia de prensa de hoy, el gobernador estuvo acompañado entre otros por Grady Judd, el alguacil del condado Polk, quien mostró fotografías de turistas en Disney, entre otros atractivos del estado.
«Esta es la Florida que amamos y por la que viene tanta gente», dijo para justificar la necesidad de la cuestionada ley, por la que felicitó al gobernador.
Tras la firma, la comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, la única demócrata electa en el Ejecutivo estatal, señaló que la ley HB 1 «es un flagrante asalto a la libertad que criminaliza las protestas pacíficas» y expresó su temor de que la «total discreción» que ahora tendrán las fuerzas de seguridad afecte a las minorías.
«Esto hará que Florida retroceda en la justicia social, silenciando las voces que solo piden que sus vidas sean valoradas de la misma manera que la de otros estadounidenses», se lamentó en un mensaje en Twitter.
Un análisis elaborado por el economista Rick Harper, ex director del Centro Haas de la University of West Florida, detalla que la ley tendrá un impacto económico que supondrá entre 25 y 67 millones de dólares anuales «en menores ingresos y mayores impuestos para los floridanos».
La ley «impondrá costos al contribuyente y a los arrestados que excederán con creces los posibles beneficios del aumento de sanciones», agregó Harper.
(Fuente: Emol).
