La inestabilidad continúa en Colombia. Esto pese a que, en medio de una crítica situación de orden público y una represión desbordada de la policía contra los manifestantes, el presidente Iván Duque ordenara este domingo 2 de mayo retirar la reforma tributaria del Parlamento.
En una alocución, el mandatario dijo: “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.
Duque precisó los alcances de la nueva propuesta. Esta excluirá los puntos más controvertidos de la “Ley de solidaridad sostenible” que eran el aumento del IVA en bienes y servicios y la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta.
Si bien economistas y políticos de diferentes partidos coinciden en que el Estado colombiano necesita una reforma que aumente el recaudo y permita saldar el déficit, la reforma tal y como estaba inicialmente concebida gravaba la renta de clases medias y altas a la vez que afectaba la ya deteriorada calidad de vida de las poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas con la pandemia.
La nueva propuesta, dice el gobierno, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas.
940 casos de violencia policial
La decisión de este domingo si bien acertada, según expertos, parece llegar tarde. Cinco días después de haber iniciado esta movilización, numerosas ciudades de Colombia siguen en alerta roja.
Todo indica que la reforma no tenía posibilidades de pasar el examen en el Congreso. Por eso numerosas voces coinciden que el presidente Duque sometió al país a una situación innecesaria. Según la ONG Temblores, se registraron 940 casos de violencia policial, 21 homicidios, 672 detenciones arbitrarias, 18 agresiones contra la prensa y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
“Hemos visto como las armas de aparente ‘letalidad reducida’ han generado violencia física y homicida contra los manifestantes”, detalla a RFI Alejandro Lanz, coordinador de Temblores. “El 9 y 10 de septiembre de 2020, las protestas por el asesinato de Javier Ordoñez por la policía generaron la masacre de 14 personas por estar manifestante contra la violencia policial. Estamos muy alarmados porque estamos viviendo algo peor que el año pasado”, agrega.
La ONU ha pedido que se investiguen violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas. “Damos seguimiento con preocupación desde 28A la situación en Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá”, declaró en Twitter la organización internacional.
Los manifestantes exigen ahora la renuncia del ministro de Hacienda y anuncian en las calles y en las redes que “el paro sigue”.
(Fuente: Diario Universidad de Chile).
