Por Dr. Jorge Astudillo Muñoz
Académico Facultad de Derecho
Universidad Andrés Bello
El estallido social de octubre de 2019 dejó muy en claro que el supuesto «oasis» del sistema social y político chileno solo existía en la mente de una clase social totalmente ajena a la realidad, autocomplaciente y acostumbrada a medir el bienestar general a la luz de cifras macroeconómicas. Desigualdad, falta de oportunidades y su consecuencial segregación, explican, entre otras causas, el estallido.
Sin embargo, el estallido social también dejó en evidencia una profunda polarización política que se estaba incubando en la sociedad chilena.
Si bien la pluralidad de ideas y el antagonismo son buenas señales en el marco de una democracia, la polarización política se suele traducir en intolerancia, ausencia de diálogo, acusaciones de «cocina» a la sana práctica de debatir, ceder y converger en acuerdos y en la paradójica condena a «quienes condenan la violencia» atribuyéndoles el calificativo de «tibio» o «amarillo», tan usual en estos días. En otras palabras, esta polarización nos introduce en un peligroso juego de «amigos-enemigos», «buenos-malos», «patriotas-antipatriotas».
En este contexto, la clase política chilena selló el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, un hecho histórico y una salida democrática a la crisis. El acto del 15 de noviembre de 2019 fue una renuncia a la violencia como forma de acción política, querida y aprobada por la gran mayoría de la población.
El resultado del plebiscito del 25 de octubre de 2020 fue un respaldo democrático al Acuerdo y a la misma democracia. El desarrollo de nuestro proceso constituyente iniciado a partir del Acuerdo nos ha conducido a otra etapa esencial: la elección de los ciudadanos y ciudadanas que nos representarán en la Convención Constitucional.
Las personas que ocupen el cargo de convencionales deberán discutir, dialogar, decidir y muchas veces acordar el texto de nuestra nueva Carta Fundamental y esta nueva Constitución, al margen de su contenido, se caracterizará por su legitimidad democrática de origen, cuestión fundamental que será considerada por las nuevas generaciones y por nosotros mismos para aceptarla como la norma jurídico-política sobre la cual se construirá nuestro sistema social, político y jurídico en los próximos años.
En la medida que más personas concurran los días 15 y 16 de mayo más legitimidad democrática tendrá este nuevo pacto constitucional. En esta elección nos jugamos el futuro de Chile. Hoy más que nunca es esencial el ejercicio del derecho a sufragio, debemos honrarlo, porque esa es la mejor manera de respaldar y fortalecer la democracia.
Personalmente, espero que la Convención esté integrada por hombres y mujeres (en una perfecta, justa e inteligente paridad), que no lleguen a imponer sus ideas y la de sus partidos, sino que estén dispuestas a escuchar, debatir, ceder y decidir pensando en el interés general. No olvidando nunca que la nueva Constitución (que no es una revancha ni un programa de gobierno) jamás deberá perder de vista el norte de la democracia, la dignidad y los derechos humanos (no solo de los que piensan como uno, sino de todas las personas al margen de sus particularidades, valores y creencias).
