Compatibilizar los objetivos sanitarios, las restricciones y cuarentenas con la crisis económica, social y de salud mental así como lograr un mayor diálogo y coordinación institucional fueron los temas que rondaron el debate durante la sesión especial sobre la solicitud del Presidente Sebastián Piñera para extender la aplicación de la declaratoria de Estado de Excepción Constitucional de catástrofe definida con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19, hasta el 30 de septiembre de 2021.
La solicitud que amplía las atribuciones presidenciales se aprobó por 26 votos a favor y 12 en contra, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados hiciera lo mismo, con lo cual el oficio fue remitido al Ejecutivo y, así, por segunda vez, el Congreso otorga el acuerdo para extender este estado de excepción que, al 30 de junio sumará un total de 469 días, uno de los periodos más largos en los que se ha aplicado esta facultad.
Esta situación motivó una amplia reflexión de senadores y senadoras, en especial, sobre los nuevos desafíos que se plantean en el segundo semestre de este año, cuando ya se ha confirmado el ingreso de la variable Delta del virus, -más contagiosa- y cuando se prevé que las actuales estrategias que ha implementado el Ejecutivo “no serían suficientes” si no están «sustentadas por un mayor respeto, diálogo y coordinación institucional que den sustento a una mejor gobernanza».
Aunque hubo un reconocimiento transversal a los avances experimentados con los procesos de vacunación, también surgieron críticas, en especial, a las estrategias implementadas para enfrentar los contagios, la aplicación de los toques de queda, las dudas por «el control social» y la comunicación de riesgo a la población.
El Estado de excepción fue dictado originalmente el 18 de marzo de 2020, por un plazo de 90 días, y extendido en tres oportunidades, por similar periodo, hasta el 13 de marzo de 2021.
Después, para solicitar una nueva prórroga, el Ejecutivo debió recurrir a la norma constitucional que lo obliga a recabar el acuerdo del Congreso Nacional atendiendo que la medida de excepción ya se prolongaba por más de un año en todo el territorio nacional, implicando con ello la continuidad de diversas medidas de restricción de libertades, como la libre circulación y de reunión, en atención a las medidas de alerta sanitaria dispuestas por el brote de COVID-19.
(Fuente: Senado).
