El gobierno peruano solicitará a la Justicia chilena ampliar los cargos de extradición del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que sea procesado también por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.
Esto fue anunciado este miércoles por el primer ministro, Guido Bellido, tras la reunión en el Consejo de Ministros, donde a petición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se aprobó esta resolución, que será remitida a las autoridades chilenas para su evaluación.
Por este episodio fue condenado en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, el súper asesor de Fujimori, quien adquirió en Jordania un cargamento de 10.000 fusiles AK-47 con la ayuda de traficantes de armas y luego lo revendió a las FARC.
Bellido, imputado por la Fiscalía por presunta apología del terrorismo y supuesto lavado de dinero en la financiación de su campaña electoral al Congreso, recordó que esas armas llegaron a «grupos terroristas cuando el ex presidente Fujimori estaba en funciones».
Las armas fueron lanzadas sobre la selva colombiana en aviones que dejaron caer la ilegal mercancía con paracaídas en puntos previamente coordinados con las FARC.
Varias condenas
Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque desde que fue extraditado de Chile también ha sido sentenciado por distintos casos de corrupción.
Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000 tras descubrirse la gigantesca red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue capturado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007 fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Sobornos
Fujimori también fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.
Actualmente está procesado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato, caso cuya apertura de juicio es evaluada por la Justicia.
Tras haber sido anulado el indulto que le dio el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tuviese 94 años.
