Continúan las acciones por parte de los vecinos de la comunidad de Maitencillo- Puchuncaví para oponerse a la ampliación y construcción de la ruta F20 y sus dos variantes (una hacia Ventanas y otra hacia Maitencillo). Si bien todavía no empiezan las obras en los enlaces que afectarían considerablemente al entorno por su impacto negativo a nivel geológico, natural, acústico y medioambiental, el “mejoramiento” en la ruta desde Nogales hasta Puchuncaví ya tiene más de un 30% de avance.
Aunque el recurso de protección fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente en la Corte Suprema, los vecinos están evaluando la posibilidad de presentar nuevas acciones administrativas y legales con el fin que se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se presente el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Por lo pronto, se han estado realizando las gestiones para que las autoridades locales apoyen la causa e intervengan en solicitar documentos a las partes involucradas.
El primero en manifestar su preocupación fue el diputado Daniel Verdessi, quien luego de una conversación con uno de los voceros de “No a la F20”, Flavio Angelini, solicitó oficios a los Ministerios de Obras Pública, Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente y Corporación Nacional Forestal (CONAF), los que hasta la fecha no ha tenido un pronunciamiento oficial.
“Es por eso que solicito a usted presidente (de la Comisión de Medio Ambiente de la cámara de Diputados) que pueda solicitar los oficios para que expliquen el porqué no se realizaron estudios de impacto ambiental en estas obras, si tienen claro la magnitud del daño ambiental que están realizando al cortar bosque nativo y si existe un plan de manejo , compensación o reposición de la especies que se han cortado por este trabajo, que entiendo no existen”, expresó Verdessi en la sesión de la Comisión.
Por su parte, el diputado Diego Ibañez, en un video de apoyo para la Campaña de Oposición a la F20 dijo que se trata de una problemática que ya tienen conocimiento. “Hemos ido al lugar, hemos revisado las vertientes que se están destruyendo, el bosque nativo que está en peligro y justamente no prosperará con la construcción y ampliación de esta carretera. Todo el apoyo a la comunidad y vamos a estar fiscalizando y oficiando para que esto no avance y se proteja el bosque nativo y este lugar, que es hermoso», reiteró el parlamentario.
Otra de las gestiones que realizaron vecinos y vecinas de la comuna fue asistir a una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, gracias al apoyo de la senadora Isabel Allende, donde el vocero Angelini dio a conocer la problemática que afecta a los habitantes por la construcción y ampliación de la ruta Nogales- Puchuncaví. En la instancia, se solicitó oficiar a las autoridades pertinentes, y que el MOP informe sobre el contenido de un audiencia bajo el sistema de la Ley del Lobby que tuvo con representantes del proyecto inmobiliario “Maratué” que se instalaría en parte importante de los acantilados de Quirilluca.
Cabe recordar, que lo anterior es uno de los puntos de conflicto para la comunidad, especialmente porque la variante Maitencillo facilitaría el acceso a estas viviendas. Al respecto, según lo dicho en el medio Puranoticia, la senadora señaló: «creemos que el MOP debe aclarar y transparentar los temas tratados en la reunión que sostuvo con el titular del proyecto inmobiliario -que busca construir más de 14 mil viviendas en el sector- pues los habitantes de la zona tienen justo temor y desconfianza en que el real objetivo de construir esta ruta sea beneficiar este proyecto, en desmedro de la comunidad en general”.
Hasta la fecha ni el MOP ni otras autoridades involucradas en la problemática se han referido al tema. Por ahora la comunidad sigue buscando opciones de conversación y apoyo por parte del gobernador regional, Rodrigo Mundaca y también coordinar algún encuentro con el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien ya se ha referido a la variante Ventanas, pero no a la de Maitencillo. Asimismo, los afectados no descartan la interposición de nuevas acciones legales y administrativas tanto en la Corte de Apelaciones como en la Superintendencia de Medio Ambiente de la región.
