Por Yerko Toledo
Académico Carrera de Trabajo Social
UDLA Sede Viña del Mar
Hablar de desaparición forzada necesariamente conlleva ir a la historia reciente, particularmente a Latinoamérica, afectada por distintas dictaduras militares que transgredieron los derechos humanos de personas víctimas de la represión política junto a sus familias, quienes quedaron desamparadas de la protección del Estado, dejadas al arbitrio del poder y la violencia político institucional del periodo.
La desaparición forzada no solo quedó en los libros, archivos y documentos judiciales, muy por el contrario, está presente en la memoria colectiva de diversos actores, colectivos y agrupaciones de la sociedad civil que luchan por justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.
No obstante este pasado, también se han ido observando situaciones durante el presente que vulneran los derechos humanos de quienes las sufren y sus familias, pero también de comunidades nacionales e internacionales, ya que impactan más allá de las fronteras.
Frente a lo anterior, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara en 2011 el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para la protección de las personas en esta situación, siendo uno de sus argumentos, el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias, su reconocimiento como crímenes contra la humanidad, así como el creciente incremento de denuncias de diversos actos de maltrato, hostigamiento e intimidación.
