Por María Lorena Rossel
Directora de Carrera de Derecho, UDLA Sede Viña del Mar
Doctora en Derecho
Los casos de financiamiento irregular de campañas políticas socavaron de tal manera la confianza de los electores en los partidos y coaliciones políticas, que no es casualidad que en la elección de convencionales constituyentes hayan sido electas personas pertenecientes a listas independientes, a pesar de que nuestro sistema electoral favorece precisamente la inscripción y elección de personas pertenecientes a pactos políticos.
Mensajes asociados a la necesidad de renovar la política y de hacer un cambio radical inundaron la franja electoral, presentándonos a los candidatos como integrantes de un nuevo movimiento reformador y refundacional.
Entre otros factores, esto motivó la alta participación de la ciudadanía en una elección tan importante para nuestro país que prometía una nueva forma de hacer política y una nueva democracia, que nos permitieran renovar la confianza en instituciones desgastadas y carentes de legitimidad. Sin embargo, a poco andar, hemos visto las mismas viejas prácticas que defraudan a los electores y quebrantan aquella promesa tan esperanzadora.
De ahí la importancia que el sistema político posea reglas claras y estrictas que nos permitan a los electores de alguna manera exigir el cumplimiento de las promesas de los candidatos o sancionar a aquellos que, con faltas a la verdad, o falseando u ocultando datos relevantes, lleguen a ocupar un cargo de elección popular. Esto nos hace pensar que una nueva forma de hacer política requiere de normas que sean exigentes y que nos permitan renovar la confianza en las instituciones y en la democracia.
