«Eventuales irregularidades» en la concesión que la administración de Virginia Reginato entregó a la empresa de Antonio Martínez, ex operadora del Casino Enjoy de Viña del Mar, fueron dadas a conocer en un nuevo informe de Contraloría. Esto se estima pudo generar un perjuicio económico de cerca de 3.000 millones de pesos para la casa consistorial.

Las fiscalizaciones del órgano contralor se dieron a partir de una denuncia hecha en 2020 por la entonces concejala PPD Marcela Varas a raíz de lo cual se evacuó el informe final de la indagatoria que ordenó acciones como el inicio de juicios civiles y cobros de garantías.

Dentro de las conclusiones de Contraloría destaca que se detectó «una evidente falta del control por parte del Municipio» en cuanto al cobro de entradas que se estipulaba para ingresar al casino, pues entre enero de 2017 y julio de 2018 se vendieron 8.369 tickets, según Contraloría, cuando se calcula que las personas que entraron debieron bordear las 439.641.

Lo anterior «infringe el punto 12.5 de las bases de la licitación, que prevé que la municipalidad cobrará la entrada a las salas de juego. En efecto, si se considera que entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, el promedio mensual de entradas vendidas fue de 23.139, es razonable sostener con ese dato, de manera objetiva, que el número estimado de personas que concurrió a las salas de juego entre enero de 2017 y julio de 2018, habría ascendido a la cifra aproximada de 439.641, muy por encima de los 8.369 tickets comercializados por el municipio ese último periodo», dice el informe.

El documento añade que «de aquello fluye que el monto que el municipio pudo percibir por la venta de tickets debió ascender aproximadamente a $1.670.635.800, monto que dista considerablemente de la suma efectivamente percibida por ese concepto, ascendente a $31.802.200, lo que implicó una transgresión al Reglamento de Organización Interna del municipio».

Asimismo, se establece «una falta al principio de probidad administrativa, por lo que la municipalidad, en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a la normativa legal citada, a objeto de evitar la reiteración de situaciones como la descrita».

De igual forma, el informe indica que tampoco se proporcionó información que dé cuenta que AMC haya pagado la suma de $68.118.800 al municipio, la que «de acuerdo a lo informado por el Jefe de Inspección del Casino al Director de Concesiones a través del memorándum N° 13, de 13 de abril de 2020, corresponde a 17.926 voucher emitidos por esa concesionaria, entre el 10 de septiembre de 2018 y el 17 de marzo de 2019».

Lo anterior «para liberar a sus clientes del pago de la entrada a las salas de juego, lo que implicó una transgresión a lo dispuesto en el en el N° 2 del punto 11.3.2 de las bases administrativas de la especie, que disponen que la concesionaria se encuentra obligada a pagar al municipio las rentas que le correspondan por la explotación del casino».

«Pese a lo anterior, no consta que el municipio haya efectuado acciones de cobro respecto de la suma adeudada, lo que importa una transgresión a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad», sostiene el documento.

El texto del órgano contralor también sostiene que durante la fiscalización el municipio «proporcionó un archivo en el que se indica que entre los años 2017 y 2019, esa entidad edilicia, (…) debió destinar al fondo de bienestar social e indemnizaciones y a la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar -en base al número de entradas registradas como vendidas por el ingreso a las salas de juego del casino-, las sumas de $137.410.673 y $68.459.437, respectivamente».

Sin embargo, agrega que «la revisión del mayor analítico de la cuenta contable N° 214-09-01-004 denominada «Ley 17.312 boletería casino», para ese mismo periodo, permitió verificar que el ente edilicio registraba pagos por esos conceptos por un total de $83.866″.

«Puede estimarse que durante dicho periodo pudo aportarse al referido fondo de bienestar y a la orquesta sinfónica montos aproximados de $151.653.066 y $75.386.862, respectivamente, los que resultan ser muy superiores a las sumas de $2.886.926 y $1.435.094, informados por la municipalidad para el mismo periodo», sostiene el informe remitido a distintas personas, dentro de ellas la secretaria municipal, a quien se le ordena expresamente que «en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo».

De igual forma, dice el informe que se constató que el Departamento de Auditoría Municipal emitió sendos informes sobre fiscalizaciones realizadas al fondo de indemnización de los años 2014 al 2017.

En dichos reportes «entre otras cosas, rechazó finiquitos cargados por la concesionaria a ese fondo, por la suma total de $1.387.066.142, principalmente debido al no cumplimiento de la cantidad mínima de años de trabajo exigida, la existencia de subordinación del trabajador a una empresa distinta a la concesionaria y la falta de antecedentes en las carpetas de los ex trabajadores».

También se añade que «pese a los citados rechazos, no consta que la municipalidad haya adoptado medidas respecto de las sumas pagadas con cargo al referido fondo de indemnización, lo que deberá ser aclarado por esa entidad edilicia. En su respuesta, la autoridad comunal arguye que no se ha podido determinar el reintegro de los fondos rechazados por lo que esta materia también será incorporada al sumario administrativo que instruirá el municipio».

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti, señaló que su administración fue notificada en julio pasado de la presente investigación, que «en ese entonces secreta, por incumplimientos graves del concesionario Antonio Martínez y del municipio relativo a la concesión del Casino de Viña del Mar».

«Son más de nueve puntos, pero lo más grande es relativo al fondo de indemnización de los trabajadores de más de $ 1.300 millones, que se ocupa para finiquitos, y fueron pagados y utilizados en contra de los informes de nuestra Unidad de Control, que decía que no debían utilizarse y el municipio no hizo ninguna acción de cobro para recuperar ese dinero», sostuvo la jefa comunal.

Ripamonti agregó que «otro de los incumplimientos graves es relativo a la tolerancia que tuvo el municipio sobre la liberación del pago de las entradas de manera irregular al Casino, por un perjuicio de más de $ 1.600 millones».

«La Contraloría nos notificó el día de hoy y nos dio un plazo de 30 días para cursar las multas, iniciar los juicios civiles, recuperar los más de $1.300 millones del fondo de indemnización y los $ 1.600 millones de entradas y, por supuesto, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento que es de alrededor de $500 millones, lo que hicimos al día de hoy antes del cierre del día bancario».

AMC acusa arbitrariedad del municipio

En paralelo a la acción de la Contraloría, este jueves Antonio Martínez y Cía. (AMC), ex sociedad concesionaria del Casino Municipal de Viña del Mar hasta el 30 de julio de 2021, informó que la compañía se encuentra iniciando acciones legales contra la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, luego de que la entidad edilicia ordenó el cobro de una boleta de garantía por más de 500 millones de pesos.

La empresa acusa que «el proceder edilicio demuestra un claro abuso, arbitrariedad e ilegalidad patente, sin siquiera existir notificación previa de algún incumplimiento, un proceso administrativo o una sentencia judicial que haya dado lugar u ordeneel cobro de la totalidad de la referida garantía».

«Esto sin duda nos toma por sorpresa. Siempre hemos querido ser un aliado estratégico para que la municipalidad logre hacer de Viña del Mar una gran ciudad para sus habitantes. Por eso no entendemos este actuar alejado del espíritu de colaboración que debiéramos tener en momentos tan complejos económicamente como los actuales», concluyeron.

(Fuente: Cooperativa).