Esta jornada la senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende, valoró y explicó los alcances de la normativa aprobada en el Senado: “Lo primero que debemos hacer es agradecer a todas las mujeres, dirigentas, académicas, juezas, abogadas y organizaciones de mujeres de la sociedad civil por el constante acompañamiento y los aportes que hicieron para sacar adelante esta norma que busca facilitar el cumplimiento de una obligación no tan solo legal, sino también moral, que tienen los padres con sus hijas e hijos, y que en nuestro país tiene un alto nivel de incumplimiento”.
La parlamentaria explicó que «lo que hace esta ley es modificar procedimientos administrativos y judiciales para facilitar el cobro y retención de pensiones de alimentos adeudadas, y la creación de un Registro Nacional de Deudores de alimentos a cargo del Registro Civil de nuestro país, que busca garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. En esta especie de DICOM serán inscritos aquellos deudores, padres o madres, que no cumplan con tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas, lo que traerá efectos en la obtención de créditos, en la devolución de impuestos, otorgamiento de licencia o pasaporte, o traspaso de bienes. Siempre teniendo en cuenta el bien superior de la niña o el niño, por sobre cualquier otro interés o derecho particular”.
Allende ahondó en otras modificaciones de la nueva ley: “El Juez que fija la pensión de alimentos deberá señalar el monto en UTM, para establecer un índice único que facilite la actualización de las deudas, así como también existirá la obligación de los Tribunales de realizar liquidaciones de oficio de manera mensual, a fin de evitar las demoras innecesarias que existen hoy en los tribunales de familia”.
En esta misma, Isabel Allende continuó: “De igual manera realizamos importantes innovaciones en materia sancionatoria, especialmente para perseguir y castigar penalmente el incumplimiento reiterado del pago de pensiones, el que se verificaría en aquellos casos en los que el deudor permanezca por más de 120 días en el Registro de Deudores, y en la medida que se utilice, y así se demuestre, como un medio para controlar o menoscabar económicamente a la mujer, podrá ser castigado con penas que van desde los 61 días y hasta los 3 años de presidio”.
En el hemiciclo, se aprobó, finalmente, una indicación de autoría de la Senadora para prohibir que puedan ser inscritos como candidatos a las elecciones regionales y municipales personas que se encuentren en el registro, dejando para una reforma constitucional la situación de quienes se presenten a presidente o en las parlamentarias.
Por último, la parlamentaria sostuvo que «no podemos seguir aceptando y normalizando esta cultura del incumplimiento, que proviene de una mirada de la sociedad machista y patriarcal, en la que más del 80% de las pensiones se encuentran impagas, afectando con ello a más de 70 mil niñas y niños. Debemos avanzar hacia una sociedad que fije en el centro del debate y que se haga cargo de una política pública que muchas veces repetimos sin darle gran contenido, y que establece que las niñas y niños deben estar siempre primero”.
