Por Romina Maragaño Schmidt, candidata a diputada por el distrito 7
Camila Nieto Hernández, concejala de Valparaíso
Alejandro Aguilera Moya, concejal de Viña del Mar
La actual situación del relleno sanitario El Molle en Valparaíso, donde a pocos días de terminar el contrato con la actual empresa administradora, una docena de comunas de la región se mantienen en la incertidumbre respecto a la disposición final de las cientos de toneladas de residuos domiciliarios que generan a diario, vuelve a poner en cuestión una lógica de gestión frágil en un ámbito sensible, donde pocos actores y sus decisiones son capaces de desencadenar la tormenta perfecta. Baja fiscalización y seguimiento por parte de las autoridades de gobierno, una infraestructura crítica que cambia de manos como si fuera cualquier cosa y una administración local que no actuó oportunamente, son algunos de los elementos que conforman este escenario.
Si bien para cuando esta columna de opinión sea publicada seguramente seguirá siendo un tema relevante el cómo se dará solución definitiva al actual conflicto del relleno, especialmente desde la arista medioambiental, para nosotras es fundamental poner desde ya el acento en una mirada de futuro que permita asumir de forma responsable un desafío hacia las décadas venideras.
Se estima que en Chile se producen entre 1,0 a 1,2 kilogramos de residuos domiciliarios al día por persona, cuyo retiro, transporte y disposición final, en sitios como un relleno sanitario, son responsabilidad de los respectivos municipios. Solo entre Valparaíso y Viña del Mar, las dos comunas más grandes de la región, se producen cerca de 700 toneladas de estos residuos al día. Toda la logística requerida para este proceso representa un complejo ballet de trabajo de recolección, rutas y condiciones de operación que buscan asegurar estándares sanitarios y medioambientales. Esto cada año se hace más complejo ante el crecimiento de las ciudades y la urgencia por cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno.
Sin duda el cambio en nuestros patrones de producción y consumo, la disminución, aprovechamiento y reciclaje de residuos, la educación en formas responsables con el medio ambiente de tratar nuestros residuos, forman parte fundamental de una nueva lógica en esta materia, pero todo esto requiere a su vez de una logística e infraestructura adecuadas para sostener todo el proceso. De esta forma es evidente que la región, al albergar a algunas de las comunas más grandes del país, debe asumir este desafío con una mirada de futuro, lo cual no significa solamente proyectar e invertir en un nuevo relleno sanitario.
Una nueva estrategia debe ser reimaginada en al menos tres momentos clave. La toma de decisiones políticas, técnicas y en su administración. Respecto a las decisiones políticas, el criterio de justicia ambiental, basada en la amplitud democrática, debe ser el principal eje rector. Nadie quiere tener que lidiar en su día a día con las externalidades de la disposición final de los residuos y por tanto las comunidades deben tener un papel protagónico en la toma de decisiones respecto a dónde y cómo se realizará. Lamentablemente la actual institucionalidad ambiental, que descansa casi totalmente sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con sus débiles mecanismos de participación ciudadana, no da el ancho para asumir una tarea de esta envergadura. En este ámbito como Apruebo Dignidad, desde lo constitucional, lo legislativo y también ante un eventual gobierno, debemos continuar por el camino ya señalado, proponiendo los cambios requeridos para contar con una institucionalidad ambiental que deje espacio para la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones.
Junto a esto, en la arista técnica es clave que nos abramos a fuertes innovaciones en la forma de gestionar y disponer nuestros residuos. La separación de residuos de forma obligatoria y el reciclaje efectivo permiten disminuir las toneladas que requerirán ir a parar a un sitio de disposición final. En este aspecto es clave que las autoridades a nivel de gobierno central y local, agilicen y faciliten la aplicación de leyes como la de Responsabilidad Extendida del Productor que ya establecen obligaciones en la materia. Todas estas nuevas formas de tratar con nuestros residuos, nos permiten convertir en norma experiencias que hoy no son usuales, como el compostaje a escala comunal o el aprovechamiento energético de residuos, que pueden servir para complementar el método del relleno sanitario, el cual hoy se queda corto ante los desafíos medioambientales y de cambio climático que enfrenta el siglo XXI.
Finalmente, tal como lo refleja la crisis regional que motiva esta reflexión, se necesita una forma de administración distinta de una parte tan crítica, aunque a veces poco visible, de nuestra vida en sociedad. Una que no deje espacio para contratos que no benefician a los municipios, que a la vez les de capacidad de acción a todos los actores involucrados y que se encuentre bajo las más estricta fiscalización por parte de las autoridades sanitarias y ambientales. Desde ya en la región se puede comenzar a dibujar este futuro mediante el diálogo entre las autoridades locales recientemente electas, incluyendo al gobernador regional, particularmente en la exploración de las nuevas herramientas que otorga la Ley del Fortalecimiento de la Regionalización del País como lo son la gestión de estas materias a nivel de áreas metropolitanas. Es en el presente el momento en el cual nos jugamos la posibilidad de dar una solución sostenible y duradera para las generaciones venideras y que una vez más desde la región de Valparaíso, se le señale el camino al resto del país hacia una senda amigable con el medio ambiente y de cooperación intercomunal.
(Foto: Diario La Quinta de Valparaíso).
