Por Jéssica García Phillips
Candidata a diputada distrito 7
Independiente
Desde 1990, y con mayor fuerza en los últimos dos años producto del estallido social, uno de los temas más relevantes para la ciudadanía, la sociedad y el Estado ha sido el de los Derechos Humanos. Sin duda que un país quebrantado por una larga dictadura tiene el deber ético y moral de establecer y promocionar los derechos que todos tenemos.
Posterior al 18 de octubre de 2019 se habló mucho sobre derechos básicos, violados en reiteradas ocasiones por agentes del Estado: libertad de expresión, libertad de pensamiento e incluso derecho a la vida se vieron claramente vulnerados.
Sin desmerecer estos importantes Derechos Humanos, creo que hay que poner en la palestra un tema quizás no tan tocado, pero que sí es necesario y urgente: la vivienda como un Derecho Humano, ya que hoy estamos viviendo realmente una crisis humanitaria con el déficit existente de viviendas.
Con el aumento explosivo de la población en las ciudades, producto de la búsqueda de mejores oportunidades o por la inmigración (migración, otro Derecho Humano, dicho sea de paso), las ciudades han crecido de una manera más rápida que lo que puede la vivienda digna, por lo que los cordones que circundan las urbes se han ido agrandando con tomas y conventillos, tal como pasó en tiempos de la cuestión social de fines del siglo XIX con la migración campo ciudad, donde los obreros y sus familias tenían pésimas condiciones de vida, de vivienda y de salubridad.
Estos terrenos muchas veces pasan a ser nuevas poblaciones, pero que quedan apartadas como ciudades satélites, sin acceso a colegios, supermercados, al centro mismo y una pésima locomoción pública. Es importante entender que la vivienda es un derecho fundamental, enmarcado en el derecho a la ciudad y el buen vivir.
Hoy, de acuerdo a cifras de TECHO-Chile, más de 81 mil familias se encuentran viviendo en campamentos a nivel nacional, donde más de un cuarto (23 mil y fracción) corresponden a la región de Valparaíso, donde existen 225 campamentos.
Sin duda que la vida en campamentos cada vez es más precaria, donde las familias viven en hacinamiento y donde el 93 por ciento de ellos no tienen acceso a agua potable o accede a ella de manera informal. Lo mismo pasa con la electricidad, donde un 60 por ciento accede a ella a través de conexiones informales, lo que significa un tremendo peligro para ellos y para su entorno.
Si estas cifras son alarmantes, también podemos decir que casi un 88,9 por ciento accede al servicio sanitario de manera informal o simplemente no tiene acceso.
Cabe destacar que más de un cuarto de estas comunidades (26 por ciento) no tiene acceso a ningún tipo de equipamiento urbano, tales como sede social, canchas, áreas verdes, alumbrado público o espacios para basura.
La gestión del Estado ha sido claramente insuficiente en términos del derecho a la vivienda, sin políticas públicas que satisfagan las problemáticas. A mediados de este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, se comprometió a invertir $161 mil millones para construir más de 10 mil viviendas en la región de Valparaíso, pero esto daría solución a menos del 50 por ciento de los casos existentes, y no asegura, además, entregar acceso a servicios básicos.
El llamado que hago es el siguiente: considerar la vivienda como un derecho humano, dando solución al estallido habitacional existente, y no solo preocuparse de la vivienda a secas, sino una vivienda digna, con entorno humano, cultural, con buena conectividad, que cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad, porque si solo nos preocupamos de la estructura de la casa estamos vulnerando derechos básicos y no atacamos realmente los problemas que tenemos que atacar.
