Después de una ola de críticas por la tardanza de este anuncio, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), dio a conocer esta jornada su programa de gobierno.
Según el documento, este fue realizado entre septiembre y octubre en base a un proceso participativo en el cual participaron más de 33.000 personas en todo Chile, a través de 603 mesas ciudadanas, desde las que surgieron 13.250 propuestas, la mayoría de ellas en el ámbito de la educación pública, salud pública, reactivación económica, derechos humanos y la crisis climática.
La propuesta apunta a cuatro reformas estructurales: acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia de Chile.
«Ha sido un camino largo porque tomamos una decisión que sabemos es difícil y sabíamos que iba a ser cuestionada que es, a diferencia de lo que han hecho otras candidaturas de designarle la construcción del programa solamente a un grupo de expertos, nosotros decidimos abrirlo a la ciudadanía», expresó el candidato.
La vocera y coordinadora del «proceso programático participativo» de la campaña de Boric, la alcaldesa de Santiagio Irací Hassler (PC), indicó que esto «marca un camino claro de cambios con certeza, con seguridad, para sacar a nuestro país de la inestabilidad en que nos tiene este mal Gobierno de Sebastián Piñera, y por eso Chile necesita un gobierno que no torpedee ni pretenda pautear la discusión constitucional, todo lo contrario, queremos ser gobierno para cuidar este proceso y hacerlo cada vez más grande y más participativo».
Las propuestas
Además, se detallan «53 cambios concretos para un nuevo Chile», en los que abordan las metas y medidas que buscan implementar en caso de llegar al gobierno. Entre ellas, y en primer lugar, está terminar con el sistema de las AFP, asegurando una pensión mínima de 250 mil pesos; seguido por la creación de una «Comisión de Diálogo Social» que busca enfrentar los efectos de la pandemia y la crisis económica y, en tercer lugar, está la recuperación de 500 mil empleos femeninos.
Entre otras propuestas, está aumentar el salario mínimo para superar los 500 mil pesos al finalizar el gobierno, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, condonar la deuda educativa, y una reforma tributaria para que «quieren tienen más contribuyan más», con impuesto a los «súper ricos», un royalty minero y combatir la evasión tributaria.
También apunta a generar un sistema único de salud y que las isapres pasen a ser «seguros complementarios voluntarios regulados» por la Superintendencia y reducir las listas de espera; además, buscará crear una ley de salud mental con centro regionales para estos efectos, como también un modelo de educación sexual integral y la propuesta de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud, como también la promoción de la ley de eutanasia.
Entre otros está el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias, y un «Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+» con una modificación de la ley de identidad de género y, por otro lado, tendrá un plan para disminuir el precio de la vivienda y la creación de 260 mil viviendas dignas.
También firmarán el Acuerdo de Escazú y buscarán un «proceso de transformación de la Institucionalidad Ambiental», con énfasis en la escasez hídrica y crisis climática, seguido por la garantía al derecho humano al agua, anular la Ley de Pesca e instalar sistemas de generación de energía renovables.
Asimismo, está la reparación a las personas vulneradas en sus DDHH a partir del 18 de octubre del 2019, refundar a las policías, conformar una Comisión Calificadora Permanente de DDHH, como también avanzar hacia una política migratoria «segura, ordenada, regular» y terminar con «la lógica del Sename», pasando a un sistema de financiamiento estable.
Finalmente, está la búsqueda del diálogo con todos los pueblos originarios, la descentralización, eliminando la figura del delegado presidencial, duplicar el presupuesto del Ministerio de las Culturas, además de fomentar el transporte público gratuito y no contaminante.
(Fuente: Cooperativa).
