Ante la decisión por parte del Municipio de Quilpué de paralizar la construcción del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de dicha ciudad y acogiendo los requerimientos de adultos mayores que serían beneficiados con el lugar que daría cobertura a sus necesidades, la diputada Carolina Marzán solicitó al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, que fiscalice la procedencia legal y la pertinencia técnica, económica y social de la determinación municipal.
En esa línea, la parlamentaria del distrito 6 señaló que “la decisión del municipio de Quilpué de paralizar las obras del Centro Integral del Adulto Mayor afecta tremendamente a la población que espera con ansias contar con este espacio. La comunidad de adultos mayores de Quilpué y comunas aledañas, trabajaron años para tener un lugar en donde desarrollar sus actividades con la dignidad que merecen. Además, el proyecto presenta un avance de casi un 20%, lo que ha significado un gasto cercano a los 1000 millones de pesos: recursos que corren el riesgo de ser desperdiciados si la construcción no se retoma. El gasto público debe ser invertido en virtud de principios de eficiencia y eficacia y esto va en desmedro de las arcas públicas”.
Frente a lo anterior, la diputada mediante oficio pidió fiscalización de contraloría. “Solicité a contraloría que fiscalice la pertinencia legal, técnica y social de esta decisión y el destino de los recursos comprometidos en el diseño y ejecución de las obras desde su inicio a la fecha, además de buscar la solución menos perjudicial y conveniente para la comunidad, teniendo en vista el resguardo del patrimonio público, la probidad, y la transparencia en la gestión financiera y social del proyecto”, dijo la diputada.
El proyecto Centro Integral del Adulto Mayor de Quilpué es único en Latinoamérica. Contempla la construcción de una piscina temperada, salones para terapias kinésicas, un lugar para el funcionamiento de un ELEAM, lugares de esparcimiento, entre otras. Estas características lo convertirían en un Centro de primer nivel.
Por su parte, Osmán Pérez, secretario de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Quilpué, además de comentar que la paralización de las obras afecta a alrededor de 1700 personas mayores, señaló que se están organizando para marchar protestando por esta situación que no aceptan. “No puede ser es algo que nos perjudica a todos, no tan solo a nosotros, sino que a la región misma, porque esa plata el municipio si es que piensa ocuparla en otro lado no puede ser, esa plata no es del municipio, es del Gobierno Regional que la pasó para estos trabajos y la aprobó hace casi 7 años que se está trabajando. Pasó por todos los Ministerios”.
