El delegado presidencial regional, Jorge Martínez, se mostró satisfecho con que tras largos 14 años siendo discutida en el Congreso, finalmente se promulgó la Ley de Control de Armas. La nueva legislación, entre otras cosas, apunta a una tenencia más responsable e incorpora un nuevo sistema que permitirá la trazabilidad de las armas de fuego y municiones, lo que facilitará la investigación criminal y el descubrimiento de delincuentes.
«Es una excelente noticia que tras 14 años en el Congreso, finalmente se haya promulgado la Ley de Control de Armas. Esta fortalece la fiscalización y aumenta los requisitos para la adquisición y tenencia de armas de fuego. También incorpora modificaciones y hacen más estricta la legislación en materia de posesión, tráfico y utilización de éstas. Este es un gran paso para controlar la delincuencia», señaló la autoridad regional.
Martínez explicó que la legislación permitirá actualizar el poder de fuego que tienen las bandas criminales a través de nuevos instrumentos y técnicas, como la incorporación de un nuevo sistema de trazabilidad de las armas de fuego y de las municiones a través del ADN balístico, una verdadera hoja de vida de las armas y de las municiones que va a facilitar la investigación criminal.
Además, la ley no solo se ocupa de las armas convencionales, sino que también prohíbe el uso de armas modificadas, adaptadas y de alto calibre, y el uso de silenciadores, municiones perforantes, explosivas o incendiarias, además de incorporar a la regulación las armas impresas en 3D.
También, incorpora técnicas especiales de investigación y permite que las policías hagan entregas vigiladas, intercepten comunicaciones o usen agentes encubiertos en procesos investigativos relacionados a armas y se dispongan medidas especiales de protección de testigos.
El delegado presidencial regional explicó que la norma logrará avanzar hacia una tenencia más responsable y un mayor control de las armas de fuego, ya que incluye mayores requisitos para adquirir un arma, como curso de entrenamiento y, también, un certificado de un médico psiquiatra.
La ley también aumenta las sanciones a la venta de municiones a persona no autorizada, que pasa a ser delito, y la pena por entregar armas a menores de edad, que aumenta a 541 días hasta 5 años de presidio. Además, crea el delito de adulteración, alteración o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas.
Por último – explicó Martínez – aumenta la fiscalización, al incorporar a la PDI como institución fiscalizadora y se permite la fiscalización de las policías, sin restricciones, cuando se realiza un operativo encomendado por el Ministerio Público. Además, se permite fiscalizar con mayor exigencia a polígonos, canchas de tiro, depósitos de reparación o fabricación de armas.
