Por Mirian Mondaca Herrera
Durante esta jornada y con el objetivo de frenar su avance en el Congreso, los diputados del oficialismo Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por supuestos vicios de constitucionalidad en el proyecto de amnistía a los presos del estallido social.
Los diputados recurrirán al TC mientras se tramita la iniciativa y así frenar su avance.
En relación a la presunta inconstitucionalidad del proyecto, los parlamentarios plantearon cuatro argumentos.
El primero es infracción de las ideas matrices del proyecto al reemplazar el indulto por una amnistía e incorporar dentro del proyecto normas sobre responsabilidad civil y reparación a víctimas.
También se argumentó intromisión en las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
Asimismo, infracción del deber del Estado de dar protección a la población y a la familia.
Y, por último, discriminación arbitraria en el otorgamiento del beneficio.
Tras este anuncio de recurrir al TC, el senador y autor del proyecto de ley, Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), señaló que «estos requerimientos de la derecha al Tribunal Constitucional, buscando un refugio ahí, donde muchas veces pierden de manera democrática en el Parlamento, son típicas estrategias para frenar proyectos de ley».
El parlamentario añadió que «en el caso del indulto y amnistía a los presos de la revuelta, este proyecto ha sido en general por 3 comisiones del Senado: Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución. Y esta última comisión además hizo una discusión en particular, donde despejó una serie de cuestiones jurídicas que pasaron completamente la admisibilidad y nadie cuestionó la inconstitucionalidad de la iniciativa parlamentaria, entre otras el quórum y el usar mecanismos que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, en el código penal, en el código procesal penal, para hacer operativa la amnistía».
«Estos instrumentos de indulto y amnistía existen en nuestro ordenamiento jurídico, son plenamente admisibles y constitucionales, son iniciativas parlamentarias que buscan, como medida excepcional, buscar una salida política a los presos de la revuelta, después de una profunda crisis social como la que vivimos a partir de octubre del 2019 con el estallido social”, finalizó Latorre.
