La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, presentó una querella criminal por fraude al fisco en contra de la ex jefa comunal, Virginia Reginato, y el ex administrador municipal, Claudio Boisier Troncoso. Esto, por abultados finiquitos que permitió a altos funcionarios percibir millonarios desembolsos desde las arcas fiscales.
En la presentación de 21 páginas se apunta justamente a los dineros recibidos por tres servidores públicos. El monto total supera los 150 millones de pesos.
El desglose va así. El primero en aparecer es el propio Claudio Boisier, uno de los hombres de confianza de Reginato, quien recaló como administrador municipal en abril de 2018. La alcaldesa lo convocó en medio de la crisis desatada por el déficit de casi 17 mil millones de pesos destapado por Contraloría.
En la oportunidad pasó de ser gerente de la Corporación Municipal a administrador municipal. Es decir, el segundo al mando del municipio.
Boisier y Colarte
Ripamonti acusa que, en medio del traspaso, Boisier recibió un finiquito de 2.844 UF (equivalentes, en esa época, a 76,6 millones de pesos), pese a que su salida se dio por “mutuo acuerdo”, lo que -de acuerdo al libelo- no obligaba a la Corporación desembolsar tales dineros.
El monto se disgrega en tres factores: indemnización convencional por años de servicios, feriado proporcional y 57 días de feriado legal por años de servicio.
La segunda funcionaria que figura en la acción judicial es Patricia Colarte. En diciembre de 2004 llegó a la Corporación Municipal, contratada como directora de Educación en la Administración Central.
Seis años después, en 2010 presentó su renuncia voluntaria para recalar menos de una semana después como la flamante seremi de Educación en la región de Valparaíso.
Se le pagó un finiquito de 21,5 millones de pesos: 15,3 millones como indemnización voluntaria, poco más de 600 mil por feriado proporcional y 5,5 millones por 50 días de feriado legal pendiente, detalla la querella.
Todo ello, cuando la corporación estaba representada por Boisier.
De falta grave a necesidades de la empresa
El tercer caso es más complejo. Corresponde al de Rodrigo Macuada Murray, el exadministrador del Cementerio Santa Inés, organismo dependiente de la Corporación Municipal.
El funcionario arribó al cementerio en 1992 y se desempeñó sin mayores sobresaltos hasta que en 2019 se le acusó de practicas antisindicales, lo que derivó en sendas demandas del sindicato de trabajadores y de la Dirección del Trabajo, luego de que se ocuparan guardias para sepultar cadáveres. Todo se selló con el pago de unos 30 millones de pesos como compensación en beneficio de 27 empleados.
Según detalla la presentación de Ripamonti, los hechos descritos fueron acreditados e incluso reconocidos por el propio Macuada ante la Inspección del Trabajo, por lo que -de acuerdo a la querella- le correspondía “la causal del artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”.
En lugar de ello, añade el escrito, y en contra de la decisión del gerente general del cementerio, Pedro Retamal Villagra, “quien era de la posición de aplicar la causal de “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato” se terminó invocando “el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa”.
Todo ello -acusa Ripamonti- “debido a la orden expresa impartida por el administrador Municipal Claudio Boisier Troncoso”.
Con todo, el 1 de junio de 2019 Rodrigo Macuada Murray suscribió un finiquito con la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a través del cual la corporación se obligó a pagar casi 57 millones de pesos.
$3,7 por el mes de aviso, indemnización (11 meses) 41,4 millones, feriado legal pendiente (81 días) $10,4 millones y feriado legal proporcional $1,3 millones.
La situación de Macuada se aborda en extenso en la querella. De este caso, el escrito apunta que “pese a la mala gestión de Macuada”, que “le costó millonarias indemnizaciones a la Corporación Municipal”, se le terminó entregando millonarios recursos.
“No puede ser visto sino como un premio, cuando lo que correspondía evidentemente era el despido disciplinario“, fustiga.
Asimismo, la acción judicial abre las dudas respecto de la validez que tendría el pago con fondos públicos de vacaciones, “de las que existen legítimas sospechas si fueron ejercidas, lo que debe ser investigado”.
Antes de concluir, el escrito se refiere al caso del Claudio Boisier. Lo califica como “grave”, pues el dejó “la Corporación Municipal de Viña del Mar para trabajar para la I. Municipalidad de Viña del Mar, ambas representadas por la alcaldesa (Reginato)”.
“De suerte que no se requiere mucha perspicacia para advertir que el pago de la indemnización voluntaria era una manera de enriquecer, con cargo a fondos públicos, al trabajador, perjudicando patrimonialmente a la Corporación”, critica el documento.
“La investigación deberá determinar el perjuicio patrimonial causado a la Corporación, debiendo tener presente que por concepto de pago de los finiquitos antes señalados, egresaron aproximadamente del patrimonio de la corporación una suma ascendente a más de $155.000.000”, concluye.
Hasta ahora Boisier ha declinado referirse públicamente a la querella.
“Obviamente que no estoy para estar haciendo declaraciones de ningún tipo y menos contra esta mujer (Ripamonti) que está acusando a medio mundo porque no es capaz de hacer nada”, espetó.
El abogado de Virginia Reginato, Claudio Uribe, indicó que no conocían el detalle exacto de la querella presentada, pero que van a analizar todos los antecedentes.
Lo que sí aseguró, es que no se ha cometido delito alguno y que todo estuvo bajo los parámetros de la ley.
“Desde ya podemos hacer presente que la exalcaldesa siempre sujetó sus actuaciones a la normativa vigente. Actuó siempre con acuerdo de los órganos competentes”, aseveró.
Y agregó: “Todas las indemnizaciones, en general, los actos administrativos que se realizaron, se hicieron con estricto apego a las normas legales y reglamentarias vigentes en ese minuto. Así que en ese sentido estamos absolutamente claros que no se ha cometido delito alguno”, finalizó.
(Fuente: Biobiochile).
