Por Mirian Mondaca Herrera
Para el 10 de marzo de 2022, un día antes del cambio de mando presidencial en el cual asumirá el mando del país Gabriel Boric, el Ejecutivo fijó el remate de una serie de propiedades de la Empresa Nacional de Minería (Enami). La decisión ha generado polémica, ya que no habría sido aprobada por la totalidad del directorio y, según acusan los sindicatos de trabajadores de la estatal, se está haciendo de forma apresurada y saltándose procedimientos en la venta.
Cabe señalar que producto de que el remate se llevará a cabo solo un día antes del cambio de mando, la toma de razón quedará a cargo del futuro directorio de Enami, el que será nombrado por Boric.
Al enterarse de este remate, la diputada por la Región de Antofagasta y próxima ministra de Minería a contar del 11 de marzo, Marcela Hernando, anunció el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a su “pertinencia y legalidad”.
Al respecto, la parlamentaria expresó que “si bien estaban haciendo algún inventario respecto de algunos bienes prescindibles, ninguno de ellos o por lo menos lo que yo conversé, piensa que la casa central de la Empresa Nacional de Minería sea un bien prescindible. El inmueble, ubicado en calle Mac Iver, será rematado por Tattersall, empresa que fijó el precio de remate en $4.300 millones de pesos, en circunstancias que el avalúo fiscal es de $6.030 millones de pesos”.
En esa línea, Hernando añadió que “entonces si lo que quiere ENAMI es hacer caja porque está con dificultades económicas, no se explica que haga un remate por menos del avalúo fiscal, en circunstancias que el valor comercial es muchísimo más alto”.
Asimismo, la también vicepresidenta del Partido Radical agregó que “no puede ser que este remate termine justo el día 10 de marzo y que pueda ser adjudicado justo ese día y luego dejar en un incordio al nuevo gobierno que asuma si es que trata echarlo hacia atrás, porque quien haya rematado la propiedad va a exigir los derechos, por lo tanto, a mí me parece que hay que detener este remate y estamos tomando tres tipos de acciones”.
Además del envío del oficio a la Contraloría, la futura ministra de Minería anunció la presentación de un recurso de protección la próxima semana.
En relación a esta polémica, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, le bajó el perfil a la situación y señaló que no se trata de un remate, sino que de una licitación. “El 10 de marzo es el último día en que se puede presentar como una licitación, no es un remate, porque lo que se hace es esperar ofertas”, indicó.
En el listado de propiedades que se rematarán está el edificio corporativo ubicado en calle Enrique Mac Iver 459, en la comuna de Santiago, el cual se oferta en 138.900 UF, es decir, más de $4.300 millones.
