Por José Ossandón
Esta tarde la diputada Pamela Jiles ofició al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para que se refiera a los antecedentes arrojados por la investigación que lleva la ministra Romy Rutherford por el fraude ocurrido en el Ejército, mediante la cual “se desarrollan múltiples diligencias y procesamientos (…) uno de los aspectos que se dio a conocer a la luz pública en relación a ella, fue la confesión de uno de los procesados en la causa y ex comandante del Ejército, señor Óscar Izurieta Ferrer, en el marco de una interrogación realizada por la ministra a cargo, en donde habría dado a conocer la existencia de pagos a periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación realizados con recursos públicos con el fin de controlar sus contenidos”.
“Este grave hecho —continúa la parlamentaria— atenta y vulnera a nuestro país, transgrediendo múltiples bienes protegidos por nuestra legislación y que pertenecen a todos los chilenos como la fe pública, los recursos fiscales, el derecho de expresión y a la información sin censura, entre muchos otros”.
Para Jiles, a partir de esta declaración se revela que eventualmente con recursos públicos se vulneró “por agentes del estado la garantía constitucional del Articulo 19 número 12 relativa a la libertad de información sin censura que se encuentra establecida para garantizar la fe pública y con el fin de custodiar el derecho fundamental de todos los chilenos a expresarse y a ser informados”.
Agrega que “la gravedad de los hechos dados a conocer por diversos medios de comunicación en relación a los antecedentes surgidos en el marco de la causa investigada por la ministra Romy Rutherford es extrema y hace necesario determinar y sancionar las eventuales responsabilidades administrativas y políticas en esta transgresión al derecho a la libertad de expresión y a la información de todos los chilenos, con el fin de restablecer y de resguardar la fe pública”.
Afirma que “en virtud de todos los antecedentes expuestos, es que solicito se informe de forma urgente lo siguiente: individualización de los funcionarios públicos y de los periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación indicados por el señor Óscar Izurieta Ferrer como involucrados en el pago realizado con recursos públicos con el fin de controlar sus contenidos”.
“La existencia de personas que mantengan actualmente la condición de empleados públicos del Ejército que se encuentren mencionados en la nómina de involucrados y su rol de participación en los hechos relatados por el señor Óscar Izurieta Ferrer; sumarios administrativos realizados en la institución a partir del conocimiento de los hechos señalados en la declaración del señor Óscar Izurieta Ferrer”, concluye.
