Una fase clave en el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso inició esta semana la acusación por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa, que presentaron seis concejales contra el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, en noviembre de 2020.
Esta demanda acusa 17 “causales de remoción”, entre ellos, un informe de Contraloría que reveló contratación de menores en dos liceos y y el uso irregular de $ 414.269.886 -que motivó el inicio de un juicio de cuentas por parte del órgano contralor-; destrucción de documentación municipal; contratación de personal sobre los topes máximos legales; falta de fiscalización “en diversas materias que son de su responsabilidad”, detalla el escrito -como en el llamado a concursos públicos o en la demolición de inmuebles ruinosos-; omisión en su obligación de cumplir los fallos de la Corte de Apelaciones y la falta de control en el otorgamiento de permisos precarios, entre otras.
Después de que se sumaran cinco nuevos concejales a la solicitud de destitución -cuestión que fue apelada por Sharp, pero ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)-, y de que el TER determinara los 31 hechos a discutir en el juicio y recepcionara las pruebas documentales del caso, a contar de esta jornada y el viernes se revisará la cuestión de fondo, con la declaración de, al menos, 68 testigos: 62 convocados por el alcalde y seis por los concejales.
Los declarantes serán interrogados sobre los 31 los puntos definidos por el Tricel, la mayoría vinculados a las irregularidades detectadas en la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval).
La defensa de Sharp, representada por los abogados José Antonio Ortiz y Edwin Flores, citó a funcionarios del municipio y directores de departamento.
Los ediles, en tanto, citaron a dirigentes vecinales, profesionales del Consejo de la sociedad Civil y abogados que han presentado causas contra el municipio.
De acuerdo al abogado que representa a los concejales, Rodrigo Flores, “llevamos testigos acordes a los puntos de prueba que se fijaron (…) son los que tienen mayor grado de conocimiento en relación a los puntos de prueba que se van a rendir”.
Pero los ediles también tendrán que acudir a entregar una prueba confesional, en una audiencia de “absolución de posiciones”, que fue requerida por la defensa del alcalde y se realizará la próxima semana, donde deberán responder preguntas -reservadas bajo un archivo encriptado- que conocerán recién ese día.
La etapa probatoria termina en marzo con estas declaraciones y, si las partes no elevan reclamos al Tricel, la causa podría terminar en octubre, a dos años de su inicio.
Sin embargo, este requerimiento se podría alargar todavía un poco más, dada su particularidad: es uno de los más extensos que ha tramitado el TER de Valparaíso, desde que entró en funcionamiento, hace 35 años.
(Fuente: La Tercera)
(Foto: La Tercera)
